Mañueco responde al ataque de Celaá a la concertada: «Es un derecho constitucional»

Una afirmación que negó rotundamente Fernández Mañueco, porque que se trata de un derecho que «está en la Constitución» y que, además, ha avalado en varias sentencias el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, exigió, «hay que sacarlo del debate político» de la misma forma que la educación debe salir del «debate ideológico». Para ello, reclamó al gobierno que se forme tras las elecciones del pasado 10 de noviembre un Pacto de Estado en esta materia en el que estén no sólo las diferentes fuerzas políticas, sino también la voz de las comunidades autónomas. Un acuerdo, dijo, que debe aportar «estabilidad» al sistema, alejarle de los «vaivenes ideológicos y confrontación partidaria» y eliminar el «adoctrinamiento».

Su firme respaldo mostró también Fernández Mañueco al modelo de «éxito» de Castilla y León, uno «de los más sólidos y fiables» de España en el que durante mucho tiempo «han coexistido» la educación pública y concertada con «muy buenos resultados» y un «reparto equilibrado y necesario» entre los dos tipos de enseñanzas - un 70 por ciento del sistema público y un 30, del concertado-. Apostó, incluso, por exportar el modelo castellano y leonés a otros territorios con sus «sólidos principios» de calidad, equidad y libertad. Y es que, aseguró, es una meta de la Junta seguir garantizando la «igualdad de oportunidades» tanto en las ciudades como en el medio rural, algo que ha permitido que en los pueblos el nivel sea «similar» al de los grandes núcleos de población. También la libertad es uno de los «pilares sólidos» del sistema en la Comunidad.

«La Junta tiene muy claro que los padres son los primeros responsables de la educación y que la satisfacción de las familias también es importante», explicó. Y ofreció datos al respecto. «En Castilla y León, el 94 por ciento de las familias escolarizó a sus hijos en el centro elegido como primera opción» y añadió que se trata de un hecho «importante».

Por su parte, los colectivos que asistieron a la reunión -Escuelas Católicas, la federación regional de centros concertados y el sindicato FSIE- valoraron el respaldo mostrado por el presidente de la Junta y la consejera de Educación, Rocío Lucas, en el encuentro. «La libertad de enseñanza es un conjunto de derechos, dice el Tribunal Constitucional, que incluyen el derecho a la creación de centros y a dotarles de un ideario, derecho a la libertad de cátedra de los profesores, y derecho a elegir centro de los padres», aseguró el secretario de Escuelas Católicas, Leandro Roldán.

Al apoyo mostrado por la Junta se une también la ofensiva lanzada en los ayuntamientos por el PP de Castilla y León en favor de la educación concertada y de la libertad educativa en España. Los populares presentarán mociones en diferentes ciudades en respuesta a las declaraciones de Isabel Celaá.