Tras el ataque de Celaá, Escuelas Católicas, con 88 centros en la región, reivindica su labor educativa

Para Ángel Camuñas Sánchez, secretario autonómico de Escuelas Católicas, organización que representa a más de 45.000 alumnos y 3.433 profesores en Castilla-La Mancha, la ministra puso en tela de juicio la libertad de enseñanza que ampara la Constitución. «En el fondo de todo esto está que en la nueva ley quieren quitar el criterio para organizar las enseñanzas de preferencia por las familias; actualmente la ley prevé que entre los objetivos está la demanda familiar y la nueva ley prevista pretende quitar este elemento. Entendemos que esto es el fondo del asunto», explica a ABC y aclara, además, que «es evidente que con quien se está negociando el Gobierno de España (Podemos) no es muy amigo de la concertada, de ningún tipo, especialmente de Escuelas Católicas y no digo nada nuevo».

Camuñas también pone encima de la mesa otro problema de fondo, aunque sea más a largo plazo, que es la bajada de la natalidad, algo que «va a influir mucho en la enseñanza porque habrá menos alumnos y la oferta educativa actual va a ser excesiva». Estas son dos de las «piezas del puzzle» y son el principal motivo de preocupación de la enseñanza concertada en la región. Por ello, el secretario autonómico de Escuelas Católicas se ha reunido recientemente con el viceconsejero de Educación, Amador Pastor Noheda, para hacerle llegar éste y otros problemas que afectan a su organización, aunque «en Castilla-La Mancha no ha cambiado la situación». Eso no significa que no les preocupe la deriva nacional ante la posible modificación de la Lomce que al ser normativa básica tendría repercusión inmediata en las comunidades autónomas.

Sobre las movilizaciones que están anunciado diferentes partidos, como el PP y Ciudadanos, en defensa de la enseñanza concertada, Camuñas afirma que «nosotros no somos ni de un partido, ni de otro» y aclara que, por ahora, van a esperar a la hora de convocar nada o salir a la calle, algo que se plantearán según se vayan desarrollando los acontecimientos. «Estamos preocupados ante la situación, pero nosotros no queremos enfrentarnos, ni ir contra la escuela pública», sino reivindicar su papel en la educación en la región, en donde cuentan con más de un 15 por ciento de los colegios y un 12 por ciento de alumnado.

Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha puesto al lado de la enseñanza concertada . Días después del ataque de su compañera de partido, la ministra Celaá, García-Page aseguró en Toledo, durante los premios de COPE Castilla-La Mancha, que en estos momentos de incertidumbre, «la región será un valor refugio para la escuela concertada, donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio, donde pueda haber diferencias, que las hay, pero donde finalmente, aquí no discutimos por lo principal». Después, también Celaá quiso quitar hierro al asunto y matizó sus palabras al decir que en la concertada «no tienen nada que temer» y que el PSOE ha sido «el baluarte más claro» de este tipo de educación).

Lo cierto es, sin embargo, que las palabras de la ministra de Educación se han recibido como una ataque a la libertad de enseñanza y han tenido como respuesta una fuerte reacción de asociaciones de padres, partidos en la oposición y diferentes instituciones sociales. La portavoz del Gobierno encendió la polémica al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio. «El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son emanación de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución». Y, por eso, Escuelas Católicas considera que se trata de un ataque directo a este artículo y «a los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y en Tratados Internacionales». «El derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos es un derecho indiscutible y está reconocido en sentencias del Constitucional».

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018 de 10 de abril de 2018, que se apoya en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, conecta el ideario de los centros con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y este a su vez, con el derecho de las familias a la elección de centro escolar. Esto lleva al TC a afirmar que el derecho de los padres a la elección de centro docente es una vertiente específica del derecho a la educación, que también está vinculado con la libertad de creación de centros docentes. Todo ello está enmarcado en el contenido del artículo 27 de la Constitución.

El Constitucional remarca la obviedad de que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral, y que hay una indudable conexión entre el derecho al ideario y el derecho de los padres a la elección de centro de escolar.