Las ayudas a la vivienda y alimentación a personas vulnerables serán un derecho

Pretende, «llegar a más personas, mejor y antes», resaltó García sobre un texto en el que se convierten en derechos subjetivos hasta cuatro prestaciones que venía ofreciendo una red que en estos años «ha demostrado su eficacia, con una media de 160.000 personas atendidas en cada ejercicio y una inversión el 2016 que rondó los 160 millones de euros.

Así, al igual que, por ejemplo, la Renta Garantizada de Ciudadanía , cuanto la ley esté aprobada, habrá cuatro nuevas prestaciones sociales que pasarán a elevarse a la categoría de derecho subjetivo de los castellano y leonesas, todas vinculadas con la vivienda y la alimentación. El servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, las prestaciones económicas frente a situaciones de deuda hipotecaria y alquiler de vivienda habitual, así como el servicio de provisión inmediata de alimentos pasarán a esta categoría, de modo que «su provisión será obligatoria y estarán públicamente garantizadas», resaltó la consejera. Las familias que lo necesiten podrán recibir hasta el 50 por ciento del IPREM.

La nueva red, que pierde de su nombre el término «crisis», «amplía» su atención a «todas» las situaciones de vulnerabilidad tanto social y económica como de desamparo social. Además, aumentará sus beneficiarios y mejorará su respuesta. «Avanza y profundiza» en el método de trabajo desarrollado estos años, apuntó García.

Y bajo el paraguas de la red se aumentan las prestaciones a las que pueden acceder con carácter prioritario las personas más vulnerables. Con once más, se elevan hasta 34, incluidas las cuatro que adquirirán el rango de derecho. Están divididas en tres apartados. Por un lado, recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, entre los que se incluyen las cuatro que serán derechos o ayudas económicas dirigidas a favorecer la autonomía e independencia de las mujeres víctimas de violencia de género.

Otro bloque lo integran los recursos de atención con acceso prioritario: servicio de asistencia personal, ayuda a domicilio, atención en centros de día para personas con discapacidad, atención residencial de personas mayores en situación de dependencia o en su vivienda y centros para personas con discapacitadas. El tercer grupo lo componen otros recursos para la inclusión social y laboral, que engloban, entre otro, viviendas disponibles del parque público de alquiler, apoyo familia y técnico para la inclusión, actuaciones preventivas para familias con hijos en situaciones de riesgo, servicio de orientación laboral o sobre integración y empleo.

La consejera destacó que el texto, uno de los primeros que se lleva a la práctica acuerdos fruto de la última firma hace unos días en el seno del Diálogo Social entre Junta, Cecale, CC.OO. y UGT, nace con el «consenso» de las administraciones, patronal, sindicatos, entidades locales y Tercer Sector.