El modelo de protección a las familias de Castilla y León, ejemplo para Europa

PACT, como se denomina este modelo específico de «gestión proactiva», cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros -dos de ellos aportados por la UE, 375.000 euros por la Junta y el resto por los demás socios activos- y un plazo de ejecución de 36 meses. La intención de Bruselas es que la experiencia sea implementada después en otros cuatro países europeos: Irlanda, Hungría, Portugal y Rumanía. La de la consejera de Familia, que el modelo tejido en Castilla y León cruce fronteras y sea referencia también en Europa. Alicia García reconocía que su equipo será «ambicioso».

Los postulados parten de «información compartida y unificada» para poner en marcha «mejoras» en la atención a las personas en riesgo de exclusión, pero también de «herramientas para que las personas sean participantes activos de todas sus actuaciones y decisiones». Sobre todo, se trata de que la intervención de instituciones y organizaciones con todos los recursos disponibles conduzca a una respuesta global capaz de eliminar o frenar el riesgo de exclusión. «Al finalizar el proyecto los ciudadanos de Castilla y León podrán contar con una Red más efectiva, más integral, con más prestaciones y más proactiva», aseguró.

La puesta en marcha de PACT tendrá lugar en cuatro contextos locales diferenciados de la Comunidad. La ciudad de Valladolid y su provincia, y las capitales salmantina y leonesa. Los tres ayuntamientos y la diputación vallisoletana firmaron ayer su adhesión al programa, que supervisará y evaluará la Universidad de Valladolid a través de su departamento de Sociología y Trabajo Social, muy satisfecho con una oportunidad para «salir del castillo de la investigación» y demostrar la vocación de ayuda social de la universidad, en palabras del vicerrector José Ramón López.

El proyecto contará como parte sustancial con la colaboración del tercer sector. En nombre de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León -que Cáritas, Accem, la Fundación del Secretariado Gitano, la Red Incola y un largo etcétera hasta una veintena de organizaciones-, su presidente, Daniel Duque, recordó que el punto de partida de este trabajo es ya un éxito en sí mismo y valoró la implicación de instituciones públicas y agentes privados en una línea de acción «que pone a las personas en el centro de todo lo que hacemos».