Manuel Madruga: «No hay control del absentismo laboral por inacción de la inspección sanitaria y porque los sindicatos miran hacia otro lado»

—¿Qué imagen nos puede dar del absentismo laboral en España?

—Más de un millón y medio de personas faltan cada día a su puesto de trabajo en nuestro país. De ese millón y medio, un millón doscientos mil están de baja médica y más de trescientos mil ni siquiera justifican su ausencia.

—¿Qué impacto económico tienen esas cifras?

—Si tenemos en cuenta que el 7% de las horas de trabajo se pierden por este motivo, el coste es de más de treinta mil millones de euros al año.

—¿Qué supone eso para las empresas?

—Que no pueden organizar bien sus turnos de trabajo, que no pueden cumplir los plazos que tienen con sus clientes, que pierden pedidos, que pierden reputación, que tienen que soportar tensiones internas con el resto de los trabajadores que no comprenden que la empresa no tome medidas contra los defraudadores, pero, sobre todo, y esto es lo más grave, que pierden la confianza en un sistema creado para el que está verdaderamente enfermo, pero que protege al caradura.

—¿Influye la situación económica en los datos de absentismo?

—Sí. En la fase más aguda de la crisis financiera, años 2008 a 2014, las bajas por enfermedad común descendieron drásticamente. Desde 2015, esas bajas no han parado de crecer. Hoy hablamos de 8,7 millones de casos al año, que es el doble que hace la década. Y no solo hay más casos, sino que también son más frecuentes, dando como resultado que 37 de cada 1000 trabajadores cogen la baja.

—Entonces ¿Nos enfrentamos a un fenómeno coyuntural o estructural?

—Cuando hablamos de un millón y medio de personas que no acuden a su puesto de trabajo cada día podemos afirmar que nos encontramos ante un fenómeno estructural, pero, al mismo tiempo, cíclico, ya que aumenta o disminuye en función de la sensación subjetiva que provocan los ciclos económicos. Si la sensación es de crecimiento de la economía el absentismo se desborda. Si lo que se percibe es que la situación económica es complicada se reduce drásticamente.

—¿Por qué se produce esto?

—Porque no hay control sobre el absentismo. Hay una inacción absoluta por parte de la inspección sanitaria y una actitud sindical de mirar hacia otro lado. Esto provoca una sensación de empoderamiento de los caraduras que son conscientes de que tienen impunidad. Y esa impunidad se la ha dado el propio gobierno de España, a través de la reforma laboral que modificó el Estatuto de los Trabajadores para que fuera imposible que el empresario pudiera despedir a quienes abusan de las bajas recurrentes, aprovechándose de sus propios compañeros de trabajo, de las empresas para las que trabajan y de la sanidad pública. Lamentable.

—¿Por qué indican la Inspección sanitaria no actúa?

—Porque les parece políticamente incorrecto. Consideran que su intervención es una injerencia violenta para los trabajadores enfermos, cuando no es así. No es el enfermo el que está en cuestión; es el farsante, el pícaro, el ladrón. Si enfermo y me llama la inspección sanitaria yo no lo consideraría una injerencia, consideraría que el sistema sanitario se preocupa por mí evolución. Lo que no podemos consentir es que un catarro que tiene una duración media de 7 o 9 días dure un mes.

—¿Cómo cree que actúan los sindicatos cuando ustedes denuncian el absentismo laboral?

—Desvían la atención. Normalmente responden diciendo que no cumplimos la normativa de prevención de riesgos laborales o nos acusan de querer explotar al trabajador enfermo o nos señalan diciendo que atacamos a los médicos. Dicho de otro modo, miran para otro lado. Y no lo entendemos, porque quienes más se quejan del absentismo fraudulento son los trabajadores que siguen en su puesto y tienen que aguantar a los absentistas profesionales. Los sindicatos deberían proteger a los trabajadores que cumplen no a los caraduras.

—¿Hablar de bajas fraudulentas no es lo mismo que poner en tela de juicio a los médicos que dan esas bajas?

—En absoluto. Los médicos ejercen muy bien su labor. El problema es que tienen muy pocos minutos para atender a cada enfermo porque sus consultas están saturadas. Y debemos tener en cuenta que hay diagnósticos que inevitablemente se basan en la subjetividad del paciente. No hay dolorímetros que midan el dolor, ni el dolor se manifiesta con la misma intensidad en todas las personas. Discernir un estado de depresión, a veces, no es sencillo y el médico no se la va a jugar cuando el enfermo manifiesta padecer determinados síntomas. Lo médicos no tienen un trabajo fácil y lo ejercen de forma excelente, pero lo que no tienen por qué enfrentarse a las personas que acuden a sus consultas. No tienen por qué soportar actos de violencia, como ha pasado con la médico de atención primaria de Guadalajara este mismo viernes, que, tras valorar a una paciente y determinar que procedía retirar la baja, fue atacada con espray pimienta. Tampoco tienen por qué enfrentarse a la inspección sanitaria que actúa más en contra del médico que en contra del falso paciente. No hay quien lo entienda, pero así son las cosas.

—Si las cosas son así, según la opinión de los empresarios ¿Qué encubren las bajas fraudulentas?

—Responden a distintos motivos: un clima que el trabajador percibe negativo porque tiene un problema con un compañero y en vez de afrontarlo decide darse de baja. A veces el trabajador pretende modificar sus condiciones de trabajo y el empresario no está en condiciones de poder aceptarlo y la respuesta es una baja. Obtener un periodo de descanso es otra de las causas. Y, en determinadas ocasiones, y no son pocas, el trabajador lo que quiere es que se le 'arreglen los papeles del paro', es decir, un despido falso para poder cobrar el paro y si el empresario no entra en el juego pues el trabajador coge la baja.

—¿Perciben que una causa pueda ser el 'síndrome del quemado'?

—Quemados están los trabajadores que cumplen con su jornada sin fallar nunca, mientras ven como alguno de sus compañeros son profesionales del absentismo.

—¿Qué medidas proponen para acabar con el absentismo fraudulento?

—Que actúe la inspección sanitaria. Esto es esencial. En Galicia la inspección sanitaria actuó, de agosto a diciembre de 2024, investigando 30.000 bajas. El resultado, según los datos de la propia Consejería de Sanidad gallega, fue que 13.500 bajas eran fraudulentas, cursando alta inmediata. Por otro lado, consideramos necesario dotar de mayores competencias a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los procesos de altas y bajas en las enfermedades y accidentes producidos fuera del trabajo. Y una de las cosas que nos parece muy importante es incluir dentro del diálogo social un debate serio, en el que distintos especialistas aporten soluciones y propuestas legislativas para acabar con esta lacra.

—Desde el Ministerio de Trabajo se ha llegado a sugerir que el detrás del absentismo está el mal clima de trabajo que existe en las empresas.

—Eso es echar balones fuera. No es en absoluto cierto. De hecho, si fuera cierto, lo que el Ministerio de Trabajo estaría diciendo en realidad es que el Gobierno de España y los gobiernos de las Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos son responsables del mal clima laboral de las administraciones públicas por el alto índice de absentismo que tiene sector público. Porque, si el absentismo laboral en el sector privado es muy alto, superando el 7,2%, el del sector público es aún mayor (8,7%).

—Hablando de esas otras cosas, estarán ustedes los empresarios contentos ante el fracaso del proyecto de reducción de jornada laboral de Yolanda Díaz en el Congreso.

—Es que no tiene sentido imponer una reducción de la jornada laboral por ley a todos los sectores empresariales, para eso están los convenios colectivos. Además, la ministra no avalaba su propuesta con ningún estudio económico o de competitividad o productividad, simplemente se basaba en un argumento subjetivo y demagógico: hacer que los trabajadores españoles sean más felices. Entonces ¿por qué es tan cicatera la señora ministra? ¡Que reduzca la jornada a 25 horas! Así seríamos todos mucho más felices ¿no cree? Mire, bromas aparte, esa propuesta no es más que una medida electoralista, que ataca directamente a la competitividad y productividad de las empresas. Entre otras cosas, supone un encarecimiento de los costes laborales del 6,25% por trabajador. Si a eso se añaden otros costes colaterales, la cuenta no sale para pymes y autónomos. En fin, la actitud del ministerio no se entiende ni en esto ni en otras muchas cosas. Sus amenazas y venganzas tampoco.

—Ha hablado usted de amenazas y venganzas.

—Sí, claro. Como no ha salido el proyecto de reducción de jornada la señora ministra ya ha dicho que va a endurecer los sistemas de control horario. A esto ya estamos acostumbrados porque es una dinámica habitual del Ministerio de Trabajo. Pasó con el SMI: o aceptábamos la subida que proponía o la subida sería mayor. No aceptamos y fue mayor. Pues ahora pasa lo mismo. Lo que sucede es que va a vengarse en la pyme española endureciendo los registros horarios y convirtiendo a la inspección de trabajo en una especie de «gran hermano que todo lo ve en tiempo real». Porque la ministra olvida que el 95% del tejido empresarial español son pymes y autónomos. Olvida que las jornadas reducidas y los controles horarios no representan un grave problema para las grandes compañías multinacionales que, de hecho, adoptan sus propias políticas de personal. Las pymes no tienen esa capacidad.

—Esta semana hemos conocido que los costes laborales se han incrementado más de un 5%.

—Sí. Lo venimos diciendo desde hace tiempo: todas las medidas que se adoptan desde los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Hacienda inciden directamente en los costes empresariales y, por lo tanto, son esencialmente inflacionistas. Lo hacen incrementando absurdamente obligaciones, generando burocracia excesiva e innecesaria, subiendo las cotizaciones sociales y convirtiendo los impuestos en confiscatorios. Cuando los ciudadanos comprueben que la cesta de la compra sube deben saber que no es porque el empresario se esté enriqueciendo ilícitamente, como algunos quieren que pensemos, es porque tiene que asumir costes que se le imponen de forma desproporcionada.

—Pero lo que no suben, según dicen los sindicatos, son los salarios.

—Otra cosa sobre la que deben reflexionar los ciudadanos, en particular los trabajadores, es que el 35% de su salario se lo detrae el gobierno antes de que llegue a su bolsillo. En definitiva, deben saber que las cotizaciones y el IRPF operan como un IVA respecto de sus salarios. Pero mire, si en vez de subir las cotizaciones y el IRPF todos los años se bajara la presión fiscal los salarios serían mejores.

—Ustedes se quejan del exceso de burocracia y de los costes que les ocasiona.

—Es que cada vez más necesitamos de personal específico para atender todo el papeleo que se nos viene encima. Además, con mayor frecuencia necesitamos de consultoras y despachos especializados para hacer lo mismo que hacíamos hace cinco años. Eso una pyme no lo puede asumir económicamente. La administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, no al revés; y la burocracia no debe ser un fin en sí misma, sino un medio de control sencillo. Sin embargo, los empresarios ven como todo se ralentiza por culpa de la burocracia. Nuestros mayores, por ejemplo, no pueden consultar temas de sus pensiones sin una cita previa que nunca llega. Vemos que el empleo público crece, pero mayoritariamente crece en puestos de trabajo generadores de burocracia, mientras carecemos de médicos, de profesionales para prevenir y atender estados de catástrofes, jueces, etc…

—A este respecto, desde el Gobierno se dice que para todo eso se necesita pagar impuestos.

—Sí, claro, y también se necesita menos gasto público ineficiente, menos déficit y menos deuda pública. Se estima que hay sesenta mil millones de gasto público ineficiente. Que resuelvan ese problema primero y luego hablamos de si es necesario o no subir impuestos o si hay margen para bajarlos.