El Sescam podrá sancionar a los agresores de sanitarios que ya tengan una condena judicial

Así lo ha anunciado el director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, quien ha señalado que el objetivo es que esta medida pueda hacerse efectiva en 2026, mediante su inclusión en la ley de acompañamiento a los presupuestos regionales.

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F.F.

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Según ha explicado Cortázar, se trataría de una modificación legislativa que permitiría que las infracciones constitutivas de delito pudieran ser también objeto de sanción por la vía administrativa.

El responsable de Recursos Humanos ha recordado que esta propuesta surge a raíz del intento de homicidio ocurrido en 2018 en la localidad de Camarena (Toledo). En ese caso, el agresor fue absuelto debido a las eximentes valoradas por el juez, lo que impide al Sescam imponerle ninguna sanción administrativa.

«Actualmente, si un juez o tribunal determina que una infracción constituye delito, el Sescam no puede aplicar sanciones desde su ámbito como administración sanitaria mediante un procedimiento sancionador», ha detallado Cortázar.

El director general ha subrayado que el objetivo de esta reforma es evitar situaciones de impunidad y reforzar la protección de los profesionales sanitarios. «Nos gustaría poder actuar también desde la vía administrativa contra ese tipo de agresiones, como la sufrida en Camarena, que dejó secuelas importantes en el profesional afectado», ha concluido.

Asimismo, ha añadido que se va a iniciar un proceso de selección de la figura del director de Seguridad del Sescam, que será la persona encargada de coordinar las políticas de protección de los profesionales, que se implanta «por primera vez en todo el Sistema Nacional de Salud».

Una medida que se sumará a una formación continua con programas obligatorios sobre manejo de situaciones conflictivas y actuación ante agresiones; apoyo a la víctima con asistencia psicológica inmediata y rehabilitación integral y la mejora de los registros y análisis de agresiones verbales.

El director general de Recursos Humanos del Sescam explicó durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad celebrada en las Cortes que, en el año 2024, en Castilla-La Mancha hubo 687 incidentes, de las cuales 19 fueron agresiones físicas a sanitarios, un número que desciende «ligeramente» respecto a 2023, cuando se registraron 20, datos que se quedan reflejados en el registro de episodios conflictivos (REC) del Sescam. De estos incidentes, 147 han acabado en un procedimiento sancionador y «otras han acabado en denuncia», ha subrayado.

Del total de incidentes, los médicos han sido objeto de 287 agresiones (33%), los enfermeros, 119 (29%) y el personal administrativo, 91 (14%).

En cuanto al género de los sanitarios agredidos, el 76% de los profesionales son mujeres y el 22% hombres y, el 48% están entre los 35 y los 55 años, el 22% son mayores de 55 y el 30% menores de 35.

Sobre un posible perfil de la persona agresora, el director de Recursos Humanos del Sescam ha explicado que se puede concluir que «no hay un perfil criminalístico«.

Según detalló Cortázar, las consultas con 312 agresiones registraron un mayor número de incidentes frente a 127 en las urgencias.

El informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y por las 17 comunidades autónomas, la tasa de agresiones por cada 1.000 profesionales en Castilla-La Mancha desciende de 16,48 en 2023 a 16,13 en 2024.

«Esto supone que Castilla-La Mancha presenta una tasa un 34% inferior a la media nacional, mejorando incluso la brecha del 31,47% registrada el año anterior», ha explicado Cortázar.

En Atención Primaria, el promedio nacional en 2024 fue de 46,43 agresiones por cada 1.000 profesionales, frente al 28,02 del Sescam, lo que representa 18,41 puntos menos. Asimismo, mientras que las agresiones físicas representaron un 17% del total nacional, en Castilla-La Mancha se situaron en solo el 8,8%, la mitad que la media del país.

«No obstante, y pese a estos datos positivos, nuestro objetivo sigue siendo la agresión cero», ha subrayado.

Durante su intervención, el diputado de Vox, David Moreno, ha afirmado que el aumento del 64% en agresiones a profesionales sanitarios en la región desde 2019, dejan de manifiesto la «dejadez» de las políticas sanitarias del Gobierno presidido por Emiliano García-Page. «Estos datos manifiestan una conclusión inequívoca: que las medidas actuales no funcionan», por lo que hay una fuga de profesionales a otras comunidades autónomas.

En este sentido, Moreno ha considerado «importante» que se incorpore personal de seguridad privada a los centros de salud para garantizar la integridad y la seguridad de todos los médicos, enfermeros y personal administrativo. «¿Por qué no se toma esta medida y por qué no se incorporan efectivos de seguridad privada en aquellos en los que sean necesarios y en los que se está viendo que estas agresiones están siendo con carácter repetitivo?», se ha preguntado el diputado de Vox.

Por su parte, el diputado del PP, Juan Antonio Moreno Moya, ha criticado que el Sescam no se persone «de entrada» cuando hay un incidente con profesionales sanitarios. «Ustedes de entrada no quieren saber nada. Ustedes animan a los profesionales a que vayan a las comisarías, a que vayan a la Guardia Civil y denuncien. Y ya si eso después, pues ya vendrá el Sescam». Así, ha añadido que de los «696 incidentes del año pasado, solamente 50 han gozado de la personación del Sescam».

Por último, el diputado del PSOE, Ángel Tomas Godoy, ha reclamado al resto de grupos políticos «unidad de acción» frente a las agresiones a sanitarios.