La larga lucha contra las macrogranjas en Cuenca, donde los cerdos doblan a los habitantes

Según datos del Ministerio de Agricultura recogidos en un informe elaborado el pasado año por Ecologistas en Acción, entre 2016 y 2020 el censo porcino en Castilla-La Mancha se incrementó un 20%, hasta superar los 1,7 millones de cabezas. Sin embargo, apuntan, «no existe un plan de ordenación del territorio que regule la instalación de estas explotaciones y, por ello, el crecimiento del sector está en manos privadas que imponen sus intereses, desplegando las instalaciones a su conveniencia sin criterios ambientales ni sociales».

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Mariano Cebrián

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«El desastre ambiental está servido en la provincia de Cuenca: incremento descontrolado de proyectos a costa de los recursos naturales (especialmente agua) y contaminación de acuíferos y que la supuesta moratoria del Gobierno de Castilla-La Mancha no está parando. Pero también desastre social y económico: la burbuja está en riesgo de explotar, llevando a la ruina a muchos pequeños promotores en un territorio más vaciado por culpa, precisamente, de las macrogranjas. Y todo impulsado por los propietarios de grandes mataderos», afirma Carlos Villeta miembro de Ecologistas en Acción de Cuenca.

A su juicio, el único papel de la administración regional es la autorización ambiental, pero organizaciones vecinales y ecologistas han denunciado la «poca rigurosidad» de la Junta de Comunidades a la hora de conceder licencias para la instalación de estas macrogranjas. Así lo han corroborado varias sentencias judiciales donde se ha anulado la autorización ambiental integrada concedida por la administración regional, al no haber seguido el procedimiento legal establecido y demostrando el enorme impacto ambiental de este modelo agroindustrial. La última de ellas la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) esta misma semana contra un proyecto en Huerta de la Obispalía.

En Cuenca se ceban más de 450.000 animales al año (más del doble de todos sus habitantes). Según datos ministeriales, en Castilla-La Mancha se sacrificaron más de 4,3 millones cerdos en 2020, de los cuales el 63% fueron en mataderos conquenses. Estos datos denotan un marcado desequilibrio entre el censo de cerdos de cebo y la gran demanda de animales para sacrificio. Es por eso que muchas empresas productoras han promovido la construcción de nuevas macrogranjas por toda Cuenca, con el fin de abaratar los costes del transporte de los animales.

«Esta es una lucha con la que llevamos varios años», reconoce a ABC Toni Jorge, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, una de las plataformas que aglutina el malestar de la ciudadanía con estos proyectos que, aparte de los malos olores, están contaminando las aguas con los purines de los deshechos de los cerdos. Tal es así que en algunos casos, como en Torrejoncillo del Rey, no pueden consumir agua del grifo por superar los niveles permitidos de nitratos.

Ese es el motivo por el que el pasado martes el TSJCM estimara el recurso del consistorio de esa localidad conquense contra la aprobación de la autorización de ambiental integrada para una nueva macrogranja de cerdos de la empresa Hermanos Matas de Huerta S.L. en el municipio aledaño de Huerta de la Obispalía.

La sentencia, de 11 de septiembre de 2023, considera que el riesgo para el medio ambiente no ha sido valorado en cuanto al tratamiento de purines, sobre el que debería haberse profundizado y justificado perfectamente, explica la asociación Pueblos Vivos Cuenca, que añade que el alto tribunal castellanomanchego ha condenado a la Consejería de Desarrollo Sostenible y a la empresa promotora y pone el foco en «el riesgo para los recursos naturales de no evaluar los efectos ambientales de los proyectos de macrogranjas».

La resolución cita la «omisión de trámites esenciales» y que con la autorización aprobada por la Junta de Comunidades «se pone en grave riesgo la calidad de los recursos hídricos de toda la comarca, siendo incompleta la documentación aportada y alterando el juicio de pronóstico sobre los verdaderos y presumibles efectos que sobre el medio ambiente podrían derivarse de la ejecución del proyecto».

El recurso, interpuesto por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey, se basaba en que no se había tenido en cuenta la «acción sinérgica» del resto de las explotaciones porcinas de la empresa promotora con un total de cinco explotaciones en el municipio vecino de Huerta de la Obispalía que suman 22.000 plazas de cebo y 2.500 madres.

Se da la circunstancia que los habitantes de Torrejoncillo del Rey no pueden consumir agua del grifo ya que supera los niveles permitidos de nitratos. Las últimas analíticas de junio 2023 realizadas por el laboratorio Labaqua Alicante, muestran un nivel de 81 miligramos de nitratos por litro de agua cuando el máximo permitido por la ley es de 50 mg/l.

Según Pueblos Vivos Cuenca, el problema de la contaminación por nitratos viene de largo ya que en noviembre de 2021 la analítica ya arrojaba un nivel de 76 mg/l, datos que se pueden consultar en la página web del Ministerio de Sanidad proporcionados por el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

Desde esta organización recuerdan que en enero de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya condenó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por otorgar de forma ilegal autorización ambiental integrada (AAI) a otra macrogranja porcina también propiedad de la empresa Hermanos Matas de Huerta S.L. «La Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo Rural se negó a cumplir la sentencia y la Consejería de Medio Ambiente aceleró los trámites para una nueva AAI, lo que supuso que en la práctica que no hubiera ni un solo día de paralización de la actividad de la macrogranja», indican.

Esta es la tercera sentencia condenatoria hacia la evaluación ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha, puesto que en octubre de 2018 el Juzgado Contencioso-Administrativo de Cuenca se pronunció en el mismo sentido por un proyecto de una macrogranja en Cañete. Además de condenar al Ayuntamiento de Cañete por irregularidades en la tramitación del proyecto y a la empresa promotora, que incluso comenzó las obras sin licencia, puso en entredicho la evaluación ambiental del Gobierno autonómico, al igual que en la reciente sentencia del TSJCM.

Sin embargo, el malestar sigue extendiéndose por otros pueblos de la provincia de Cuenca, como es el caso de Ledaña. En este municipio de unos 1.500 habitantes se está tramitando una nueva macrogranja porcina diseñada para el cebo de 2.000 cabezas en dos ciclos y medio anuales, por lo que producirá 5.000 cerdos al año. El proyecto se encuentra en fase de inicio y recepción de documentación, pero ya se pueden consultar su proyecto en el portal de expedientes de impacto ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ledaña, recuerda Toni Jorge, ya cuenta con una macrogranja porcina de 7.200 cabezas y varias macrogranjas de engorde de pollos que suman 567.000 cabezas. «Si se llega a construir este nuevo proyecto habrá una ratio de 6 cerdos por habitante», se queja el portavoz de Pueblos Vivos Cuenca.

Esta instalación, ubicada en el paraje Corral de Cañete, generaría anualmente, según sus cálculos, 4.300 metros cúbicos de purines, 14,4 toneladas de nitrógeno, 18,2 toneladas de metano liberadas al aire, así como emisiones de amoniaco, sulfhídrico y anhídrido carbónico. Además, estiman un consumo de agua de 7 millones de litros anuales, que el promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar y, según el expediente de tramitación, este volumen se ha solicitado para riego por goteo, por lo que si se concede no debería utilizarse para uso ganadero.

A ello se suma que todo el término municipal de Ledaña está situado dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación a nitratos por la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha por lo que Pueblos Vivos Cuenca teme que con la construcción de una segunda macrogranja porcina «se agrave el problema de contaminación del agua subterránea con nitratos y en el futuro afecte al abastecimiento de los habitantes, como ya ocurre en muchos pueblos que cuentan con explotaciones de ganadería industrial», denuncian

Todo ello, en su opinión, «sigue confirmando la inutilidad de la moratoria a las macrogranjas porcinas aprobada en Castilla-La Mancha, que lo único que ha hecho ha sido animar a los promotores e integradoras a dimensionar las cifras de sus proyectos y esperar al final de la misma para ampliarlas mediante modificaciones no sustanciales».