Clamor en Castilla-La Mancha contra las macrogranjas, pese a la moratoria del Gobierno

Este no es el único caso que se da en Castilla-La Mancha, donde actualmente hay 61 expedientes de explotaciones porcinas afectados por la moratoria, que se encuentran en suspensión administrativa, según informan a ABC fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Por lo que se refiere a las que no están en el ámbito de la autorización ambiental integrada, es decir explotaciones de pequeño tamaño, en la actualidad están en trámite 21 expedientes (9 en la provincia de Toledo, 6 en Cuenca, 4 en Albacete y 2 en Ciudad Real).

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En el caso concreto de El Robledo, la empresa cárnica no lo va a tener fácil, ya que son muchas las voces críticas contra estos dos proyectos de macrogranjas que están en su fase inicial, pero que ya cuentan con la oposición de la comarca. Así se lo cuenta a ABC Fausto Marín, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, que explica que Ibéricos Vallehermoso tiene que someter sus proyectos a una evaluación de impacto ambiental simplificada. Por ello, se abrió un periodo de consultas a los diferentes organismos y entidades públicas y privadas que tienen algo que decir para que presenten alegaciones.

Entre ellos, se encuentra la propia Administración regional y el Ayuntamiento de El Robledo, de Porzuna y de Piedrabuena, que son los municipios adyacentes. Pero también está la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las asociaciones ecologistas, el Parque Nacional de Cabañeros y unos 300 ciudadanos.

El delegado de Desarrollo Sostenible aclara que «el expediente de este proyecto está aún vivo y en su fase inicial», puesto que las consultas previas fueron en julio y ahora los afectados están presentando sus alegaciones, algo que han hecho casi todos, a expensas de la respuesta de alguna asociación ecologista. A tenor de esas alegaciones y de sus análisis, dice que «el proyecto pasará de evaluación de impacto ambiental simplificada, que es algo así como un mero trámite administrativo, a una ordinaria, que requiere de un control más estricto y lo llevaría de nuevo al punto de partida».

De este modo, Fausto Marín apunta que «la empresa interesada deberá hacer un nuevo informe más pormenorizado, en función de las alegaciones presentadas, para tratar de salvar todas las posibles afecciones medioambientales denunciadas por los afectados». Con ese estudio de Ibéricos Vallehermoso SL, se hará una nueva información pública y se abrirá otra vez un periodo de presentación de alegaciones para los afectados. En cualquier caso, el último paso sería una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que estaría firmada finalmente por el delegado de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y que puede ser positiva o negativa.

Para finales de 2022, adelanta Marín, el proyecto de El Robledo pasaría de evaluación de impacto ambiental simplificada a ordinaria y, a partir de ahí, comenzaría de nuevo el proceso, lo cual puede durar otro medio año. Según informa, el proyecto consiste en dos parcelas separadas por otra y solo habría unos 500 metros de distancia entre una y otra, aunque el estudio dice que habría en torno a 1.200-1.300 metros entre las explotaciones porcinas. «Aquí todo el mundo sabe sumar, restar y dividir, y hasta aquí puedo hablar. Yo no puedo manifestarme más porque soy el que finalmente firma la Declaración de Impacto Ambiental», afirma.

Entre las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento de Porzuna señala que la explotación que se proyecta en la parcela 2799 del Polígono 123 de El Robledo no cumple la distancia mínima de 2 kilómetros que exige la normativa autonómica para instalaciones porcinas respecto al límite de suelo urbano, ya que la pedanía de Las Tiñosillas se encuentra a 1,9 kilómetros de distancia de donde pretende ubicarse dicha explotación.

Pero, sin lugar a dudas, el municipio más afectado sería el de El Robledo, donde su alcaldesa, Elena Tamurejo, del PSOE, como el Gobierno de Castilla-La Mancha, se muestra muy crítica contra estas iniciativas. «Lo que querían era saltarse la moratoria para instalar una macrogranja, aunque son dos explotaciones porcinas separadas a menos distancia de lo que marca la Ley y llegarían a casi 4.000 cerdos».

En cualquier caso, la regidora robledana lo tiene claro: «Lo justo es que el proyecto pase de evaluación de impacto ambiental simplificada a ordinaria, pero en El Robledo no queremos que se instale ninguna explotación de estas características». Por eso, su equipo de gobierno, en cuanto conocieron la noticia en julio, presentaron alegaciones ya en mes de agosto.

Elena Tamurejo avisa además de que la compañía Ibéricos Vallehermoso, con la que ABC no ha podido hablar aún, «ha comprado un número importante de hectáreas en la comarca con la intención de desarrollar más proyectos de explotaciones porcinas». Por eso, muestra su «completo rechazo» a las macrogranjas: «Yo no quiero cargar con la culpa de que dentro de unos años nuestro pueblo y nuestra economía se vayan a la mierda».

Las intenciones de la compañía han unido a la sociedad civil de la zona. Hace unos meses se creó una plataforma ciudadana, formada por decenas de vecinos de la comarca, que está recogiendo el malestar generado. Su portavoz, José Falquina, explica que Ibéricos Vallehermoso ya cuenta con instalaciones en la provincia de Ciudad Real, en concreto tiene su sede en el municipio de Alhambra, donde llegan a criar a 16.000 cerdos. Según asegura, «lo que pretenden es traerlos a estas nuevas instalaciones para cebarlos hasta unos 150 kilogramos, lo que conllevaría un excesivo consumo del río Bullaque y un riesgo de contaminación por el vertido de purines, con un consecuente impacto medioambiental».

Para canalizar las quejas suscitadas entre los vecinos de la comarca, esta plataforma está recabando firmas y este sábado han estado en la localidad de Piedrabuena. «Está costando menos de lo que yo pensaba convencer a gente de diferentes partidos e ideologías», asegura Falquina, que apunta que la alcaldesa de El Robledo y el de Piedrabuena son del PSOE, mientras que el regidor de Porzuna es del PP. Además, se han sumado igualmente muchos ganaderos, agricultores y empresarios del turismo de la zona, «que temen por sus negocios».

Del mismo modo y como era de esperar, los grupos ecologistas han manifestado su crítica a estas explotaciones porcinas. Alegan que en las cercanías se encuentran áreas protegidas como una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) a 600 metros, el Parque Nacional de Cabañeros a 12 kilómetros y a 300 metros hay una pequeña laguna, cobijo frecuente de aves sobre todo en épocas secas. «Una inadecuada gestión de la valorización de los purines podría tener grandes afecciones sobre los hábitats y las especies que motivaron la declaración de estos espacios», alertan.

«Nuestra posición es siempre a favor de la ganadería extensiva y ecológica, que es mejor para el medio ambiente, además de para fijar población en los pueblos», expresa el responsable de Ecologistas en Acción, Francisco José Carrión, que cree que en algunos casos se está incumpliendo la moratoria aprobada por el Gobierno regional con «proyectos fragmentados con macrogranjas próximas entre sí».

Otro criaderos de cerdos que ha generado polémica es el que se quiere llevar a cabo en el municipio de Aliaguilla (Cuenca), que según explica a ABC el delegado de Desarrollo Sostenible en esa provincia, Rodrigo Molina, consiste en la ampliación de una explotación porcina ya consolidada. En este caso, el periodo de consultas previas se abrió entre febrero y marzo de 2022 para la presentación de alegaciones, las cuales instaban a la empresa a pasar la evaluación de impacto ambiental.

El Ayuntamiento de Aliaguilla lo expondrá el proyecto de la empresa al público durante un mínimo de un mes para que puedan presentar alegaciones, por lo que antes de finalizar el año debería cerrarse el círculo. Según el texto presentado, la nueva explotación porcina tendrá capacidad para 2.496 cabezas, cebando anualmente más de 6.000 cerdos. La instalación se ubicará en la carretera de Aliaguilla a La Torre de Utiel, a poco más de 1 km de la ermita de San Antonio de Padua, consumirá 13 millones de litros de agua al año y generará 5,4 millones de litros de purín al año.

Esta macrogranja viene a sumarse a las 24 ya existentes en el municipio, lo que arrojaría un total de 29.206 cerdos para una población de 644 habitantes. Ello supone una ratio de 45 cerdos por habitante. Incluyendo este proyecto, la cabaña porcina total de este municipio conquense generará anualmente 62,7 millones de litros de purín, según los datos aportados por ACEM Ecologistas de la Manchuela, suponiendo 212 toneladas de nitrógeno al año. Necesitarán un mínimo de mil hectáreas para su dispersión (el 44% de la tierra de labor de Aliaguilla) y consumirán 106 millones de litros de agua, el triple que toda su población.