CCOO Castilla-La Mancha reclama a la Junta «políticas expansivas de inversión pública para la que la bonanza» favorezca a los trabajadores

Ortega valoró que más del 70% del gasto se destine a políticas sociales y que se atiendan «reivindicaciones históricas» de la organización, como la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo o el esfuerzo en materia de formación. Sin embargo, advirtió que «el crecimiento económico está dejando a muchas personas al margen» y que el reto ahora es convertir las buenas cifras macroeconómicas en mejoras reales para la población.

«Nos complace ver la buena evolución del PIB y de la recaudación, pero hay que aprovechar esta buena corriente para que la bonanza beneficie a la clase trabajadora y especialmente a las personas más desfavorecidas. Hay que hacer que este presupuesto llegue al bolsillo de las personas trabajadoras», afirmó Ortega.

El dirigente sindical insistió en que esa transformación «no se logra solo con políticas fiscales, como muchos quieren hacernos creer», sino «con políticas expansivas de inversión pública» capaces de generar empleo y cohesión.

Comisiones Obreras trasladó al consejero tres ámbitos en los que, a su juicio, el presupuesto debería dar «un paso más». En primer lugar, el de las rentas mínimas y de inserción, que «deben llegar a más gente, porque hay margen económico para ello». En segundo lugar, la mejora de las condiciones laborales de las personas empleadas públicas y de quienes trabajan en empresas contratadas por la administración, entre ellas las «miles de trabajadores en la limpieza, el transporte o los servicios auxiliares».

El tercer gran eje planteado por el sindicato es el de la vivienda. CCOO valora el esfuerzo previsto en el presupuesto y en el plan autonómico, pero reclama una ejecución eficaz y realista. Según Ortega, existe «un círculo vicioso que hay que romper: los salarios bajos impiden acceder a la vivienda y si no se construye vivienda pública, los precios seguirán disparados; y con esos precios disparados, la clase trabajadora seguirá empobrecida».

A su juicio, la vivienda pública es «una herramienta clave para revertir la desigualdad» y para «conseguir una distribución más justa de la riqueza». «Queremos que estos presupuestos sean la correa de transmisión entre el crecimiento de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora», concluyó.

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El Gobierno regional destaca que las cuentas crecen un 1,5%, alcanzan los 12.903 millones y consolidan el gasto social como eje central de su gestión

Ortega agradeció al consejero la oportunidad de «comentar y compartir impresiones» sobre las cuentas autonómicas, destacando que este tipo de encuentros «alimentan el diálogo social y permiten construir entre todos esta autonomía».

Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, subrayó que el presupuesto de 2026 «es un proyecto comprometido con las personas y con el progreso económico de Castilla-La Mancha». Destacó que las cuentas incluyen 340 millones de euros para políticas activas de empleo, «210 millones más que en 2015», y vinculó ese esfuerzo al descenso del desempleo en la última década.

«Hemos pasado de una tasa de paro del 27% en 2015 a una del 12,5% en la actualidad, gracias al desarrollo de políticas activas de empleo que favorecen la contratación de jóvenes, mujeres, parados de larga duración y personas con discapacidad», señaló Ruiz Molina.

El consejero añadió que el presupuesto contempla los recursos necesarios para «seguir fortaleciendo la creación de empleo y la actividad empresarial», junto al refuerzo del gasto social, que supera los 7.500 millones de euros, y a la consolidación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que alcanzará «su plena operatividad en 2026».

Ruiz Molina destacó también el papel de la formación profesional, adaptada «al modelo productivo de la región» y orientada tanto a sectores tradicionales como a emergentes -«como la economía circular, la digitalización o las energías limpias»-, así como la estrategia regional frente a la despoblación, dotada con 2.100 millones de euros, de los cuales la mitad se destina a garantizar servicios públicos en las zonas rurales.

«Quien reside en zonas con riesgo de despoblación tiene que tener los mismos derechos que quien vive en zonas más pobladas», afirmó.