La Junta presenta unos presupuestos «de estabilidad, rigor y compromiso social» para 2026

«Mientras desconocemos si habrá Presupuestos Generales del Estado o si el Gobierno central aprobará los objetivos de estabilidad y déficit, en Castilla-La Mancha nos dotamos de normalidad y previsibilidad», ha afirmado Ruiz Molina, quien ha defendido que el presupuesto autonómico constituye «el principal instrumento del Gobierno regional para cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía».

El titular de Hacienda ha explicado que el presupuesto de la Comunidad Autónoma asciende a 12.903 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5 por ciento respecto a 2025, «187 millones más en términos absolutos». Si se excluyen los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las partidas destinadas a deuda pública, el dinero realmente disponible para políticas públicas asciende a 10.777 millones de euros, un 7,2 por ciento más que el ejercicio anterior.

Ruiz Molina ha recalcado que el proyecto de 2026 se caracteriza por el equilibrio presupuestario, con déficit cero, «sin incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma», incluso aunque el Consejo de Política Fiscal y Financiera conceda cierto margen de déficit a las regiones.

«El crecimiento económico y la redistribución de la riqueza deben ir de la mano», ha sostenido el consejero, quien ha insistido en que el presupuesto combina «más gasto social con estabilidad y responsabilidad financiera».

El consejero ha subrayado además que la política económica regional avanza hacia una reducción de la presión fiscal, especialmente orientada a familias, jóvenes y colectivos vulnerables. «Ya no hablamos de congelación fiscal, sino de reducción del esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos», ha precisado.

En este sentido, ha recordado que los beneficios y bonificaciones fiscales vigentes suponen un ahorro global de 390 millones de euros, un 118 por ciento más que en 2015, cuando los socialistas llegaron al Gobierno, y que las próximas cuentas incorporarán nuevas medidas anunciadas por el presidente Emiliano García-Page, entre ellas la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para jóvenes compradores de vivienda, así como la ampliación de las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual.

El ahorro fiscal derivado de las desgravaciones por vivienda asciende a 84 millones, mientras que las deducciones aplicadas en zonas despobladas suponen 60 millones y las dirigidas a personas con discapacidad, 21,3 millones de euros.

Ruiz Molina ha destacado que el proyecto de presupuestos se apoya en un escenario económico positivo, avalado por los principales indicadores macroeconómicos y por organismos independientes.

«El PIB de Castilla-La Mancha creció un 3,7 por ciento en 2024, frente al 3,5 nacional, y entre 2019 y 2024 nuestra economía se expandió un 29,5 por ciento, dos puntos por encima de la media española», ha indicado.

Las agencias internacionales Moody's y Fitch han mejorado la calificación crediticia de la región, «reconociendo su solvencia y seguridad para los inversores», y el Banco de España sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad que más ha reducido su deuda en relación con el PIB.

Además, la comunidad ha alcanzado «la menor tasa de paro desde 2008» y ha superado por primera vez los 800.000 afiliados a la Seguridad Social, mientras que el índice de confianza empresarial la sitúa «a la cabeza de las comunidades con mejores expectativas económicas para 2026».

«El conjunto de datos muestra una economía sólida, una región estable y previsible, y un clima de confianza que anima la inversión y la creación de empleo», ha afirmado el consejero.

El consejero ha subrayado que el gasto social constituye el eje central del proyecto presupuestario para 2026. En total, 7.555 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 72 por ciento del gasto no financiero se destinará a los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales.

Desde 2015, estas partidas han aumentado en 3.054 millones, un crecimiento que, según Ruiz Molina, «refleja el compromiso del Gobierno regional con el bienestar de las personas y la cohesión social».

La sanidad será, un año más, la mayor área de gasto, con una dotación de 4.058 millones de euros, un 7,5 por ciento más que en 2025. Este incremento permitirá, según el consejero, «aumentar plantillas, retener talento y reforzar la atención primaria».

Ruiz Molina ha anunciado nuevas ofertas públicas de empleo, así como el aumento de plazas de formación especializada, con el objetivo de «fijar a los profesionales formados en los hospitales de la región».

Las inversiones contemplan la continuación de los hospitales de Puertollano, Albacete y Guadalajara, además de mejoras en centros de salud y equipamientos tecnológicos. También se prevé la ampliación del calendario vacunal y del cribado neonatal hasta 36 enfermedades, con el objetivo de llegar a 40.

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El presupuesto educativo para 2026 asciende a 2.487 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,3 por ciento respecto al ejercicio anterior. Desde 2015, el aumento acumulado en educación supera los 1.000 millones de euros, como ha compartido el consejero.

Con estos recursos, el Gobierno regional prevé reforzar las plantillas docentes, reducir ratios y mejorar las condiciones laborales del profesorado, además de impulsar la formación profesional y la inclusión educativa.

Asimismo, se mantendrá la gratuidad de las plazas escolares de 2 a 3 años en todos los municipios y se ampliará la oferta de transporte y comedores escolares, especialmente en zonas rurales.

Ruiz Molina ha confirmado que el Ejecutivo seguirá cumpliendo los contratos-programa con las universidades públicas, garantizando la gratuidad del primer curso universitario y consolidando la financiación estable de ambos campus.

El área de servicios sociales superará por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,7 por ciento respecto a 2025, tal y como ha explicado Ruiz Molina.

Estos fondos permitirán «ampliar la red asistencial para personas mayores y con discapacidad, reforzar la atención a la dependencia y el servicio de teleasistencia, e impulsar la atención temprana y la autonomía digital», ha detallado Ruiz Molina.

También se incrementarán las plazas de termalismo y turismo social y se extenderán los recursos a zonas afectadas por la despoblación, en línea con la estrategia regional de cohesión territorial.

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Más allá del gasto social, el presupuesto reserva 3.232 millones de euros para el impulso de la actividad empresarial, la innovación y la creación de empleo, así como para promover un modelo económico «basado en la sostenibilidad, la digitalización y la transición ecológica».

«El crecimiento económico no puede desvincularse del desarrollo rural y del reto demográfico», ha señalado el consejero, quien ha recordado que la lucha contra la despoblación es «un eje transversal» de la política presupuestaria regional.

Ruiz Molina ha concluido su intervención subrayando que las cuentas para 2026 son «un ejercicio de transparencia y responsabilidad» y que su objetivo es «devolver a los ciudadanos, en forma de bienes y servicios, los impuestos que pagan».

«El presupuesto que hoy presentamos está comprometido con las personas y con el progreso de Castilla-La Mancha. Gestionamos recursos que no pertenecen al Gobierno, sino a la ciudadanía, y lo hacemos desde el rigor y la prudencia», ha asegurado.

Finalmente, ha expresado su deseo de contar con las aportaciones de los grupos parlamentarios, «también del Partido Popular y de Vox, si es desde la responsabilidad y no desde la demagogia», para mejorar un proyecto que, ha dicho, «refuerza la estabilidad, la cohesión y el bienestar de la región».