La «alternativa» al ATC de Villar de Cañas es otro megaproyecto, pero tampoco llega

Así pues, no habrá Almacén Temporal Centralizado (ATC) en este pequeño municipio conquense, que fue elegido por el Gobierno de Rajoy, allá por diciembre de 2011, como ubicación para enterrar los residuos nucleares de toda España. Y no habrá, por tanto, la inversión prometida de más de 1.000 millones de euros en una comarca cuya gran mayoría de vecinos veía en la energía nuclear un salvavidas contra la miseria de la despoblación.

El ATC siempre se asoció a María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, y Emiliano García-Page, ahora presidente regional y entonces líder de la oposición, siempre hizo campaña para que no saliera adelante. De ahí que en cuanto se conoció la decisión del Consejo de Ministros se apresurara a publicar en las redes sociales su «celebración» y la de «todos los que defendimos pararlo».

Esto es «un éxito en la batalla de valores que desde hace años emprendió esta tierra», dijo Page un día después, el jueves, en el acto de presentación de Castilla-La Mancha como 'Región Europea del Deporte', criticando que el proyecto del almacén nuclear «era un basurero que no genera atracción, ni creación de empleo; genera lo contrario: espanta oportunidades e inversiones». Asimismo, el presidente autonómico aprovechó para asegurar que la Junta tiene prevista una «alternativa» para la zona, pero de energía limpia y que generará electricidad suficiente para abastecer a la provincia de Cuenca durante los próximos cien años. A ello añadió que hay algunas empresas «muy importantes que están pendientes».

No es la primera vez que desde la Junta se habla de una «alternativa» al ATC de Villar de Cañas. Al menos lleva sucediendo desde enero de 2020, justo antes de la pandemia, cuando el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, se reunió con 13 alcaldes de municipios cercanos a Villar de Cañas para asegurarles que la puesta en marcha de varios proyectos fotovoltaicos supondría «una inversión aproximada de 800 millones de euros, 50 puestos de trabajo de carácter definitivo para el mantenimiento de esos parques fotovoltaicos y durante la construcción, unos 800 empleos». Martínez Guijarro añadía que una empresa (no dijo su nombre) había presentado avales en la Consejería de Desarrollo Sostenible por un importe superior a los 20 millones de euros.

En noviembre de 2022, casi tres años más tarde, el vicepresidente volvió a declarar que la Junta tenía encima de la mesa 33 proyectos para la instalación de energía fotovoltaica, «que se ubican en todos los municipios de esta comarca y que benefician a todos sus municipios y a muchos propietarios». La potencia instalada sería de 1.600 megavatios, «con la que se contribuye a la soberanía energética de todo el país». Martínez Guijarro agregaba que las renovables son las «alternativas del futuro». Lo que ocurre es que el futuro, y sus 800 millones de euros prometidos, tampoco acaban de llegar.