Rajoy dispone interponer recurso de inconstitucionalidad contra las 35 horas

Desde «venganza política», a « puñalada trapera », e incluso el portavoz regional ha dicho que Cospedal se movía « por el rencor, la rabia y el odio » a los funcionarios.

Ha sido el Partido Popular y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha quienes han puesto el contrapunto a estas críticas recordando que el Gobierno de Emiliano García-Page se ha saltado la ley y no ha buscado ninguna fórmula para que el Estado hubiera podido llegar a un acuerdo con la Comunidad Autónoma.

Hay que recordar el Real Decreto-Ley 20/2011 , que entró en vigor en 2012, establece el horario de 37,5 horas para todo el personal del sector público , una norma que no ha sido anulada. En Castilla-La Mancha, desde el 1 de enero, tras ser aprobado en el Pleno de las Cortes, los funcionarios trabajan 35 horas semanales. De prosperar el recurso ante el Constitucional o si se produce la suspensión cautelar de la normativa regional, los empleados públicos deberán volver a las 37,5 horas. También quedará sin efecto la supresión de la jubilación forzosa de los empleados públicos de la región a los 65 años .

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ya está buscando «fórmulas legales» para que, en caso de que se acuerde la suspensión cautelar de la norma, «no se produzca ni un solo despido por culpa de Cospedal» . Hay que tener en cuenta que la oferta pública de empleo para educación y sanidad se justificaba por la necesidad de más personal al reducirse las horas de trabajo.

Hernando ha concedido a Cospedal el poder de «utilizar a sus peones en La Moncloa y en el Ministerio de Hacienda para seguir destruyendo nuestra tierra desde Madrid», además de considerar que era un «atropello inconstitucional» que un Gobierno en funciones recurra una medida adoptada por un Gobierno «a través del mandato de las Cortes y, por lo tanto, de la soberanía popular».

Tras culpabilizar a la expresidenta regional de este recurso, el portavoz regional se ha mostrado convencido de que el Gobierno regional « va a ganar esta batalla legal» , aunque no ha ofrecido ninguna alternativa si finalmente sale adelante el recurso.

Sí lo ha hecho el PP. El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Velázquez, ha recomendado al presidente regional, Emiliano García-Page, que compense a los funcionarios el exceso de jornada con cursos de formación.

A juicio de Velázquez, «hay fórmulas» para compensar ese exceso de jornada, y de ahí que proponga las medidas que tanto e l Consistorio de Albacete como el de Guadalajara han instaurado, administraciones que están compensado a sus trabajadores con formación.

«Que haga lo que ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara y de Albacete, que compensan esas horas de más con cursos de formación que vienen muy bien a los funcionarios y están bien considerados por todos los colectivos y representantes de los empleados públicos».

El viceportavoz del PP también considera que el Ejecutivo de García-Page lo ha hecho «rematadamente mal», saltándose una ley orgánica estatal de «forma flagrante» para cumplir una promesa electoral, «sobre todo sabiendo que es de obligado cumplimiento».

Este mismo argumento ha utilizado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, quien afirma que, al reducir la jornada laboral semanal a 35 horas, el presidente regional, Emiliano García-Page, «se saltó una ley estatal del 2012» y no hizo ninguna alegación que propiciara un acuerdo.

Gregorio recuerda que, el pasado 6 de abril, se convocó a García-Page a una reunión bilateral en el Ministerio de Administraciones Públicas para hablar del asunto y «el señor representante de la Junta de Comunidades no alegó ninguna cosa que fuera suficientemente interesante para que se llegara a un acuerdo» .

«Sigo pensando y sigo diciendo que parece mentira que después de saltarse una ley estatal no hicieran las alegaciones, no dieran una fórmula para que el Estado hubiera podido llegar a un acuerdo con la comunidad de Castilla-La Mancha».

Además, el delegado del Gobierno cree que esta acción del Ejecutivo regional significa «simple y llanamente que el señor Emiliano García-Page ha abierto otra guerra , como tantas otras tiene abiertas en Castilla-La Mancha, como la del agua, la de los interinos o la de la agricultura ecológica».

En cuanto a los sindicatos, unanimidad para recriminar la actitud del Gobierno en funciones. CSI-F denuncia la «persecución a los empleados públicos de Castilla-La Mancha» .

«Parecía imposible que estando en funciones y a punto de convocarse las elecciones, Rajoy volviera a castigar a 68.000 empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha perjudicando la creación de cientos de empleos en sectores básicos como la sanidad, la educación y servicios sociales».

El secretario regional de CC.OO., José Luis Gil, se ha mostrado convencido de que el recurso contra las 35 horas «no tiene recorrido» y no prosperará . Pero no ocultaba su «preocupación» por «esta insensata medida» y por su posible repercusión sobre el empleo, de estimarse medidas cautelares, de la que ha responsabilizado también a la expresidenta regional.

«Esta decisión es de Cospedal y no de Rajoy», ha indicado el líder regional de CC.OO., asegurando que la expresidenta regional, «durante su mandato, hizo la vida imposible a la gente» y «tomó como rehenes a los empleados públicos».

Durante su intervención en la clausura del VII Congreso Regional de UGT, que se celebró ayer en Albacete, el recién elegido secretario regional, Carlos Pedrosa, ha asegurado que los planes del Gobierno nacional en funciones de presentar un recurso contra la jornada laboral de 35 horas semanales en los funcionarios autonómicos «limitará el empleo público» .

La pasada semana, la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos envió una declaración a Rajoy para que no interpusiera el recurso de inconstitucionalidad y que, en caso de que lo haga, no solicite la suspensión de la jornada «por los graves e irreparables perjuicios que dicha suspensión provocaría en la organización del trabajo».

La declaración asegura que la suspensión «significaría importantes desajustes en los calendarios y cuadrantes de trabajo pactados con la parte social y repercutiría negativamente en el servicio público».