Page alerta de la pérdida de 450 empleos sanitarios sin las 35 horas semanales

El jefe del Ejecutivo castellano-manchego hizo ayer esta advertencia en un acto público con organizaciones del ámbito de la discapacidad en el Palacio de Fuensalida de Toledo, donde se mostró confiado de «poder deshacerse de la amenaza del Gobierno central», que pide derogar la jornada laboral de 35 horas semanales a los funcionarios de la región, pues avisó de que esa decisión pondría « en riesgo la creación de 450 empleos en el ámbito sanitarios ».

García-Page recordó que el Gobierno regional ha suprimido estas horas de más, tras un acuerdo con todos los sindicatos, «en un esfuerzo conjunto para que entrara más gente al sistema, no para sustituir esas horas», que en muchas ocasiones, a su modo de ver, no eran productivas, sino que «solo servían para perder el tiempo».

«Tenemos la desagradable noticia de que el Gobierno de España tiene intención de anular esa decisión y a la vuelta, dentro de un par de semanas, podemos encontrarnos con que esa anulación nos pondría en un conflicto muy serio pues pondría en riesgo el trabajo de más de 450 personas en el mundo sanitario que vamos a contratar como consecuencia de este nuevo horario», manifestó. Y es que, a juicio del presidente castellano-manchego, la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de suspender este nuevo horario «no tiene sentido», máxime cuando Castilla-La Mancha está cumplimento de forma «rigurosa» con los estándares de rigor económico.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por su parte, cree que existe un «interés excesivo» del Gobierno regional en que el Ejecutivo central recurra la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la región. En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la localidad albaceteña de Alcadozo, dio su opinión sobre la reunión mantenida el miércoles entre el Gobierno central y el autonómico para analizar la legalidad de reducir la jornadade los funcionarios.

Esta reunión se produjo después de que el Ministerio de Hacienda notificase el 12 de febrero a la Junta la intención de iniciar el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida y la ampliación de la edad de jubilación del personal funcionario y estatutario de la Junta. «Parece que hay un interés excesivo de la Junta en que se ponga un recurso por parte del Estado para, de esta manera, no tener que cumplir su compromiso», aseguró Cospedal, quien, en cambio, instó al presidente regional, Emiliano García-Page , y al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, a que expliquen si van a poner en marcha las medidas a las que se han comprometido y cómo las van a pagar.

Desde el PSOE, el presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban , criticó que el anterior Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal «apuñalara en directo» a los funcionarios elevando su jornada laboral a 37,5 horas semanales y ahora estén «apuñalando en diferido», intentando evitar a través del Gobierno de la nación en funciones la rebaja de dicha jornada.

Esteban afirmó que el Partido Popular ya agravió a los empleados públicos estando en el Gobierno, «subiendo su jornada, quitando días de asuntos propios y reduciendo su salario». «Y resulta que ahora, en diferido, quiere seguir clavándole el puñal. La rebaja es una medida que está puesta en marcha para recuperar la dignidad de los trabajadores, y ahora quieren que el Gobierno recurra ante el Constitucional esta norma. Creo que han perdido el norte», lamentó.

También se pronunció al respecto el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil , quien espera que «no haya problema desde el punto de vista legal» para mantener la jornada de 35 horas semanales a los empleados públicos de la región. Por eso, Gil no entiende «por qué el Gobierno de España persiste en discriminar y recortar derechos a los empleados públicos» y recordó que su sindicato planteó ya esta medida «como una reivindicación justa porque, de forma unilateral y vergonzante, el Gobierno anterior había hurtado a los empleados públicos».