«Impunidad» frente a la contaminación de las macrogranjas porcinas en Cuenca

A principios de julio de este año la Comisión Europea dio un ultimátum a España para que afrontara de una vez por todas, en un plazo de tres meses, la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos producidas por las malas prácticas de la agroindustria, incluida la ganadería industrial. Esta Comisión ya remitió una carta de emplazamiento en noviembre de 2018 como primer paso en el procedimiento de infracción abierto y, gracias a ello, se conoció que hasta el 46% de las masas de agua subterránea padecían la contaminación por nitratos que provocan la utilización excesiva de fertilizantes y los purines de las granjas ganaderas .

Una agroindustria que utiliza un millón de toneladas de fertilizantes a base de nitrógeno cada año, según la estadística del Ministerio de Agricultura , una cifra ínfima si la comparamos con los más de 80 millones de toneladas de purines que producen las macrogranjas, y que año tras año, lejos de reducirse, siguen aumentando desmedidamente. Una contaminación producida como consecuencia de la mala gestión y la falta de control por parte de las diferentes administraciones, indica la organización en una nota de prensa.

Pueblos Vivos Cuenca, en el informe de alegaciones presentado frente a la Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, reclama la insuficiencia de la evaluación de la incidencia de los purines en la contaminación de las aguas superficiales. La Junta únicamente toma los datos de estaciones de la red de las Confederaciones Hidrográficas , que disponen de muy pocos puntos de muestreo, obviando otras fuentes fiables como son las analíticas de potabilidad de agua que realiza la Consejería de Sanidad.

Varios municipios donde se supera el umbral de 50 mg/L de concentración de nitratos (valor máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud y la Directiva 91/676/CE, para prevenir el efecto tóxico a corto plazo por la producción de metahemoglobinemia) no han sido incluidos en esta ampliación. De hecho, hay casos conocidos, en la provincia de Cuenca, fuera de las zonas declaradas como vulnerables, donde la actividad de la ganadería industrial, ha producido la contaminación de acuíferos y ha afectado a las captaciones para abastecimiento a poblaciones como en Carboneras de Guadazaón o Torrejoncillo del Rey, donde existe además una Sentencia del 15 de enero de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que lo avala.

Otro de los puntos que denuncia la plataforma es que el informe que sustenta la ampliación de zonas contaminadas por nitratos usa datos desactualizados. Por ejemplo, usa muestras de agua de un periodo entre 2012 y 2015 y los datos de la cabaña ganadera tienen más de 11 años, ya que fue en el año 2009 la última vez que la Junta actualizó dichos datos. Y desde entonces, se ha producido una proliferación desmesurada de macrogranjas porcinas en esta región, y en particular, en la provincia de Cuenca, el principal causante del incremento reciente de la contaminación de acuíferos en esta provincia. A pesar de ello, se han declarado 6 nuevas áreas contaminadas por nitratos en la provincia de Cuenca, pertenecientes a 13 términos municipales, incluyendo la Reserva Natural Complejo Lagunar de Ballesteros y parte de la Microrreserva Complejo Lagunar del río Moscas .

Pueblos Vivos Cuenca reclama que se incluyan en Zonas Vulnerables aquellos municipios que muestran valores que superan el umbral de 50 mg/L de concentración de nitratos como son Arcas del Villar (47 a 61 mg/L), Carboneras de Guadazaón (48 a 57 mg/L), Las Valeras (50’9 a 67’3mg/L), Monteagudo de las Salinas (50 mg/L) y Torrejoncillo del Rey que tiene valores superiores a 50 mg/L en varias captaciones. Y tantos otros que se desconocen, ya que no están al acceso de los ciudadanos, los datos de las analíticas de potabilidad de agua realizadas por la Consejería de Sanidad en los municipios de la provincia de Cuenca.

Por eso Pueblos Vivos en sus alegaciones, propuso nuevos criterios de análisis y actuación tanto en la delimitación de las zonas vulnerables, como en la gestión de los purines, que no han sido tenidas en cuenta en esta orden.

Además, la plataforma exige que la Junta sea más rigurosa en los procedimientos de autorización ambiental de explotaciones porcinas de gran capacidad cuando se proyectan en zonas vulnerables o en riesgo de serlo y que se vinculen las buenas prácticas a la condicionalidad en la PAC para que se cumplan realmente las directrices de los programas de actuación en zonas vulnerables.