El Rey estrena su estrecho margen de discrecionalidad para proponer un presidente

La lista de los partidos que participarán en estos encuentros se la debía haber entregado ayer al Rey el presidente del Congreso, que es quien la elabora a partir de los resultados electorales. Don Felipe no interviene en su confección. Sin embargo, ni el Congreso ni la Casa del Rey la hicieron pública. Cuando se desvele hoy el calendario, se sabrá cuántos partidos van a acudir a los encuentros. Lo que está claro es que el Rey no quiere que nadie se quede sin la oportunidad de participar en las consultas.

Algunos partidos anunciaron ayer que habían recibido la llamada del Congreso en la que se les ofrecía participar en las consultas con el Rey, mientras que las cuatro fuerzas afines a Podemos aseguraron a Servimedia que la Casa del Rey les había enviado una convocatoria formal a cada una de ellas. A efectos de participar en la ronda de consultas, no influye que estos cuatro partidos constituyan después uno o cuatro grupos parlamentarios.

La Casa del Rey anunciará hoy cuándo empezará el Monarca a recibir a los políticos. A partir de ahora, es el Rey quien decide y quien maneja los tiempos. De hecho, cuando una periodista preguntó ayer a López, a la salida de La Zarzuela, cuándo iba a empezar la ronda de consultas, el presidente del Congreso se limitó a responder: «Eso no me corresponde a mí».

Y es que Don Felipe estrena ahora la única función que le atribuye la Constitución dotada de cierto margen de discrecionalidad . En realidad, se trata de una discrecionalidad relativa, porque está influida por la correlación de fuerzas que han obtenido representación en el Congreso. Pero, como en este caso ningún partido político ha obtenido mayoría suficiente para gobernar en solitario, el margen de discrecionalidad del Rey es mayor .

La participación del Monarca en el nombramiento del presidente del Gobierno viene recogida en el artículo 99.1 de la Constitución, que atribuye al Rey la potestad de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. La Carta Magna también establece que el Rey debe trasladar su propuesta a través del presidente del Congreso.

Eso es todo lo que dice el artículo 99.1 de la Constitución. Sin embargo, la Casa del Rey ha colgado estos días en la portada de su página web un apartado que se titula «Regulación constitucional de la Corona», en el que se recogen los diez artículos del Título II de la Carta Magna. Y cada uno de estos artículos están vinculados a las sinopsis de los mismos realizadas por distintos letrados de las Cortes. Aquí vienen algunas pistas de los principios que guiarán a Don Felipe a la hora de proponer al candidato a presidente en unas circunstancias tan complicadas como las actuales.

Esas pistas las ofrece el letrado de las Cortes Generales, José Fernando Merino Merchán, según el cual «en este primer plano de actuación del Rey, su facultad de propuesta es absoluta y libérrima, sólo limitada por las previas consultas con los representantes de los grupos que a su vez no le vinculan ni le atan su voluntad».

Sin embargo, añade, «el margen de tolerancia que la Constitución otorga al Rey en esta función se encuentra a su vez, si no limitada, sí influida por la correlación de fuerzas existentes en el Congreso». Pero esta dependencia respecto al número de escaños obtenidos por cada formación política «se ve amenguada en el caso que ningún partido obtenga mayoría suficiente para gobernar en solitario: este es el supuesto en el que el poder de propuesta del Rey aparece con mayor margen de discrecionalidad ».

Según el letrado, «la propuesta del Rey debe hacerse, en primer lugar, partiendo del partido que haya tenido mayoría absoluta; en su defecto, las sucesivas propuestas se harían considerando los escaños obtenidos de mayor a menor; y si estos criterios fracasasen habría que dirigirse a candidatos obtenidos por coalición entre las fuerzas políticas con representación».