Carmen Pano confirma en el Supremo que llevó bolsas con 90.000 euros a la sede del PSOE y el socio de Aldama lo niega

Un dinero que, según ha relatado, sería del empresario del sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas, quien, conociendo a Víctor de Aldama, con quien compartía negocios, habría intentado aprovechar sus relaciones con el PSOE y con el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para conseguir una licencia de operaciones para su compañía, Villafuel. De ahí que el dinero, habría afirmado Pano, le fue entregado por Aldama de parte de Rivas y ella lo llevó en dos tandas a la sede central del PSOE: una en taxi y otra en un coche privado.

Para aportar credibilidad a su relato, Pano, según fuentes jurídicas, ha dicho ante el instructor Leopoldo Puente quién fue la persona que la trasladó hasta allí de parte de Aldama y Claudio Rivas, ambos investigados en la Audiencia Nacional, igual que Pano, por formar parte de una presunta trama de fraude del IVA de hidrocarburos de hasta 182,5 millones de euros, según Anticorrupción. Esa persona sería Álvaro Gallego.

Además del negocio de hidrocarburos, Rivas compartía otros con Aldama, como la gestión de los restaurantes de las Cuatro Torres de Madrid. Ese habría sido el primer negocio, según pudo saber ABC, en el que Aldama entró en contacto con Rivas al necesitar liquidez el primero.

Precisamente la empresa Have Got Time, administrada por la hija de Pano, Leonor González Pano -quien hoy también ha declarado como testigo ante el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente- fue la encargada de administrar el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que, según se investiga en el Alto Tribunal, habría puesto a disposición de Ábalos el empresario Aldama. Para el instructor, ese es uno de los indicios delictivos contra el exministro y ahora diputado por presunto cobro de comisiones ilegales.

En este sentido, Pano ha declarado que detrás de la compañía también estaba Rivas y fue a petición suya que se pagó el chalet para el exministro. Claudio Rivas, por su parte, que también ha acudido como testigo al Alto Tribunal, ha negado todo el relato de Pano, según fuentes jurídicas.

El empresario ha rechazado haber hecho ninguna entrega de dinero a nadie para sobornar a miembros del PSOE con el fin de conseguir la citada licencia. Tampoco que una persona de su confianza acompañase a Pano y, por último, que no estaba detrás de la empresa Have Got Time.

Hace una semana, Pano fue citada en la investigación de la Audiencia Nacional que sigue el juez Ismael Moreno contra Koldo García, su esposa, su hermano y el socio de Aldama por presuntamente cobrar comisiones de parte del empresario, representante de Soluciones de Gestión, la compañía que se llevó adjudicaciones públicas por 53 millones de euros tanto del Ministerio de Transportes como del de Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares por traer material sanitario a España durante la pandemia. Por los mismos hechos, Ábalos está investigado por presuntos delitos de organización criminal, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y malversación en el Supremo.

En la causa de la Audiencia Nacional, Pano decidió acogerse a su derecho a no declarar al tener la condición de investigada en otro Juzgado Central, el que encabeza Santiago Pedraz, investigando el presunto fraude del IVA de hidrocarburos. En el caso Koldo del Tribunal Supremo, o ya denominado caso Ábalos por abrirse en el Alto Tribunal dado el aforamiento del principal investigado, Pano sí ha decidido comparecer. Lo ha hecho en calidad de testigo y, por lo tanto, bajo la obligación de decir verdad.

Hoy también estaba citado como testigo el subsecretario del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez García, en quien el exministro de Transportes José Luis Ábalos descargó la responsabilidad de la contratación de Soluciones de Gestión para traer material sanitario a España.

Gómez García, quien ya declaró también como testigo en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, ha repetido que respecto al contrato correspondiente al Ministerio de Transportes, únicamente recibió una oferta, la que el asesor de Ábalos, Koldo García, le puso sobre la mesa y que no se ocupó del detalle, sino que derivó en los órganos de contratación de Puertos del Estado y Adif, que fueron los primeros en firmar los contratos de 20 y 12 millones respectivamente, en marzo de 2020.