Cuatro directores de centros y un empresario inmobiliario, imputados por desviar 2,4 millones de fondos europeos de acogida de menores

De un total de más de 1,6 millones de euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1,1 millones mediante reintegros fraccionados, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros, como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes.

La Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, a un empresario inmobiliario por sobredimensionar los precios de los alquileres de los centros y a la fundación implicada, Siglo XXI. Los cinco carecen de antecedentes policiales y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años.

Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se iniciaron en 2022 tras detectar multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados en un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España.

El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió Diligencias d Investigación y habilitó el inicio de la operación 'Tabaiba', una exhaustiva investigación económico-patrimonial que se ha prolongado durante tres años.

Posteriormente el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción de las actuaciones, que hoy continúan bajo la dirección de la Fiscalía Europea.

El análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables reveló que los investigados desviaron parte de los fondos europeos «Next Generation» transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico.

Estas prácticas fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Además, cuando por requerimiento judicial la fundación entregó miles de documentos contables con los que intentó justificar las operaciones, el análisis policial detectó facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, lo que evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos.

Por ello, los investigadores solicitaron la realización de una auditoría financiera y contable que permita determinar con exactitud el importe total malversado.

Un empresario inmobiliario también está implicado en un sobreprecio de alquileres valorado en más de 1,3 millones de euros. Se detectó durante la investigación un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores.

El empresario propietario de los inmuebles, en connivencia con la fundación, utilizaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, con un sobreprecio que superó los 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023.

Los fondos eran desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales.

Las actuaciones judiciales continúan abiertas, y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico exacto del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.