El Caso Menas que afecta al Gobierno canario, bajo secreto de sumario

El Gobierno canario se personará como «parte perjudicada» del proceso a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por indicios de falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos en la gestión de la Fundación.

La entidad recibió 12,5 millones de euros entre 2020 y 2022 en contratos de emergencia para atender a los menores migrantes. Parte del dinero, según la investigación de la Fiscalía, no se destinó en su totalidad a la atención de los menores y acabó en gastos diversos como tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra o parches para dejar de fumar.

La ONG recibía 95 euros diarios para la atención en los centros de cada menor no acompañado llegado a Canarias en patera y 72 por cada plaza no ocupada, con un total de 12,5 millones de euros en cuatro años. Los contratos fueron adjudicados a esa fundación por la vía de emergencia, ya que los indicios apuntan a que el dinero público que recibía para este fin era desviado para enriquecimiento particular de 4 de sus directivos.

La Fiscalía Anticorrupción advierte una falta de control y seguimiento «total y absoluto» por la consejería regional que adjudicó los fondos, y denuncia que una vez superada la emergencia tampoco se sacó a concurso el contrato. En las diferentes inspecciones se advirtió que el estado de las instalaciones era deficiente, con habitaciones donde los menores estaban «hacinados» y que eran «oscuras y tétricas» de aspecto «tétrico y carcelario». A pesar de la millonaria inversión, las inspecciones alertaron que «no se está invirtiendo en mantener a los menores en condiciones adecuadas».