El Gobierno de Canarias ignoró los avisos sobre los centros de menores investigados

Tal y como informó este diario, la fundación no estaba inscrita ni en el patronato insular ni en el registro estatal, de manera que no rendía cuentas, como era su obligación, según subraya el fiscal. Además, en 2021 la entidad bancaria con la que operaba decidió cerrar las cuentas abiertas a los directores de los centros de menores al apreciar que la gestión de los fondos tenía una justificación «deficiente, opaca y poco rigurosa».

En febrero de 2022 se procedió a rescindir definitivamente el contrato por «operativa bancaria sospechosa», pero la fundación se mudo a otro banco y cambió el sistema -de tener cuentas a nombre de cada director a que las titularicen los centros- sin que el Ejecutivo canario realizase seguimiento.

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Era dinero público y no consta «acto administrativo alguno destinado a inspeccionar o vigilar el servicio contratado», entre otras cosas, porque se adjudicó por la vía de emergencia. Para Anticorrupción, de hecho, podría ser nulo.

Este movimiento del banco, que generó una alerta al Sepblac desencadenando la investigación que ahora ya sigue el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, no movió la financiación que la fundación recibía del Gobierno de Canarias: 12,5 millones de euros entre 2020 y 2022.

Como tampoco lo hicieron los avisos que llegaban de otros ámbitos porque «el reflejo de la irregular, defectuosa, opaca y desviada gestión económica de los centros de menores gestionados por la fundación» se notaba: «Originaron una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones de los centros y en sus estancias, que se evidencian en las actas de inspección efectuadas por la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y por el Defensor del Pueblo», dice la querella.

En el centro de Guiniguada, cuya directora se habría gastado más de 6.000 euros en cosas como un tratamiento estético, el Gobierno canario paga 95 euros diarios por plaza ocupada y 72 por vacante. El inmueble, de una empresa, no tenía cédula de habitabilidad cuando el pasado mes de marzo, tres años después de que se le adjudicase el servicio, lo visitó la Fiscalía de Menores.

Aún no han conseguido que la directora les enseñe el contrato de alquiler para saber qué pagan al mes. Su dictamen concluye que «no salen las cuentas» porque los menores están «hacinados» y las instalaciones, en mala condición. «No alcanzamos a comprender en qué se está invirtiendo los fondos», dice.

En el centro de Acorán, otro con director investigado, pagaban 35.000 euros al mes a una mercantil que, a su vez, giraba seis veces menos cantidad a los propietarios por el usufructo, un inmueble en mal estado y deficiente que, según dijo ya en noviembre de 2021 el Defensor del Pueblo, no garantizaba los derechos de los menores.

Y no era la primera vez, otro centro de la fundación ahora investigada, el Portobello, en Gran Canaria, ya estuvo en el ojo del huracán por irregularidades graves y cerró a mediados de 2021, pero la entidad siguió con el contrato.