Canarias, contra la privatización de las torres de control de sus aeropuertos

Pérez ha explicado que Canarias está en contra de esta privatización y que el Gobierno quiere que se estudien otras alternativas y el mantenimiento del carácter público de las torres. Por otro lado, la consejería de Transportes ha presentado alegaciones al proyecto de Orden de la Dirección General de Aviación Civil que propone privatizar los servicios de control de tránsito aéreo de los principales aeropuertos canarios, pidiendo la suspensión de la tramitación.

El Ejecutivo regional quiere que la decisión final sea la más adecuada al interés público y priorice la calidad y seguridad en el servicio de control aéreo de los aeródromos canarios.

Asimismo, ha apuntado que este proyecto de Orden de Aviación Civil pretende seleccionar nuevos proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de siete aeropuertos de toda España entre los que se encuentran los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, los de más tránsito en la Comunidad Autónoma con más de 1,3 millones de viajeros el pasado mes de enero, el 70% de los pasajeros de todos los aeropuertos canarios.

La consejería recordó que, según el artículo 161.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la participación en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general en los términos que determine la normativa estatal, por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como región ultraperiférica.

Por ello, y porque la externalización de los servicios de control de tránsito aéreo puede tener una gran incidencia en la seguridad y conectividad con las islas Canarias y la movilidad entre las islas, que tan importante está siendo en la progresiva recuperación de la actividad económica y empleo del archipiélago tras la crisis sanitaria de la Covid-19 y la invasión de Ucrania, es por lo que la consejería considera «necesario» solicitar la paralización de este proceso de privatización.

La apuesta de este Gobierno es por mantener el control público sobre las torres de estos tres aeropuertos y por mantener al ente público ENAIRE, adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al frente de los centros de control del tránsito aéreo de los tres aeropuertos canarios afectados por su contrastada eficiencia y calidad, que ha sido reconocida incluso por varios organismos de la UE.