La Policía Nacional busca información del 'caso Mascarillas' en nuevos registros en Sanidad

Concretamente buscan archivos relacionados con el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez, y la exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez. Domínguez fue llamado este lunes, 6 de mayo por la Fiscalía Europea, si bien se acogió a su derecho a no declarar.

Domínguez acudió en calidad de investigado en una causa en la que se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. El exdirector del SCS está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

La investigación busca conocer los detalles de los cuatro millones de euros que el SCS adelantó a la empresa RR7, sin experiencia en material sanitario en suministros dedicada a la importación de coches, para la compra de un millón de mascarillas 3M que nunca se entregaron, ya que las que intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana por tratarse de falsificaciones y destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz tras llegar en un cargamento procedente de Etiopía.

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La Policía indaga en la posibilidad de que Conrado Domínguez, que dimitió por en noviembre de 2022 tras la imputación por este caso, cobró parte de una comisión de 100.000 euros de ese contrato suscrito en 2020, según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía que ha adelantado el periódico local Canarias 7.

Presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Mientras el caso estaba todavía en Gran Canaria, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez detener al exdirector del SCS y poder acceder tanto a sus correos electrónicos y como a la memoria de su teléfono móvil, ya que veían indicios de posible destrucción de pruebas, pero el juez no aceptó la petición.

Tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González –administrador de la empresa RR7– por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.