Conrado Domínguez se acoge a su derecho a no declarar en el 'caso Mascarillas' canario

Ha explicado que prefiere no declarar porque aún no se le ha facilitado toda la información que hay en la causa. El exdirector del SCS está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el puerto de La Luz tras llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas.

Tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González --administrador de la empresa RR7-- por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía Europea levantó el secreto de las actuaciones a través de un decreto en el que señalaba que las fiscales responsables del caso pidieron ayuda a las delegaciones de Italia, Bélgica y Reino Unido en busca de nuevas conexiones del caso para esclarecer las condiciones de la operación.

Al margen de esta investigación, la Fiscalía Europea también tiene sobre la mesa cuatro contratos del Servicio Canario de Salud por importe total de 12,3 millones de euros en el marco del 'caso Koldo'.

La Audiencia Nacional indaga en una serie de contratos y la Fiscalía Anticorrupción dio traslado de cuatro de ellos relativos a Canarias al órgano comunitario al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.

Además, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canarias investiga la querella presentada por la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios por presuntos delitos contra la Hacienda Pública tras la venta de material sanitario durante la pandemia al Servicio Canario de Salud por 22,9 millones de euros.