Las «embajadas» canarias no dejan constancia de su actividad

Lo reconoce el propio Gobierno de Canarias a través de la secretaria general de la Presidencia, Ángeles Bogas Gálvez, que respondió recientemente a una iniciativa parlamentaria del diputado del PP Felipe Afonso El Jaber, quien solicitaba documentos, copias de memorias «o cualquier otro documento de evaluación de las delegaciones y oficinas canarias en el exterior».

Bogas Gálvez admite entonces que «no existen memorias ni otro documento de evaluación de las delegaciones y oficinas canarias en el exterior», en su escueta respuesta. Tampoco avanza que en un futuro vayan a producirse memorias, evaluaciones o auditorías de las citadas representaciones del gobierno autonómico fuera de España.

El número de estas «embajadas», que en el sitio web de Proexca suman un total de trece, no está del todo claro, siempre que los datos se ciñan a otra respuesta parlamentaria. En contradicción con esto, la Consejería de Hacienda respondía en marzo que se habían reestructurado algunas de ellas y cerrado otras, como la de Miami. Precisamente esta, la de Miami, ahora en manos de una becaria, tuvo un papel protagonista en la convocatoria del desayuno con empresas del petróleo y gas el 15 de mayo.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas, Venezuela, aparece sumida en la incertidumbre financiera e institucional. Según una respuesta parlamentaria que firma Manuel González Álvarez, enlace del gabinete de Paulino Rivero con la Cámara, esta oficina tiene como principal función la atención de los emigrantes canarios residentes en Venezuela, así como la asistencia del presidente isleño «como supremo representante institucional» de la comunidad autónoma.

En la misma respuesta, el gobierno informa de que Caracas depende de la Presidencia del Gobierno y que, por lo tanto, excede «el ámbito material de competencia de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad». Argumento suficiente para dar por cerrado el asunto, sin adjuntar mayor información, una forma de eludir el control parlamentario de una delegación que se sufraga con los presupuestos de la comunidad autónoma.