La vida secreta de los jueces entra en la agenda pública

El pasado mes de mayo, el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, entregó al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo , un informe sobre las previsiones de crecimiento económico en las islas. El informe que la tasa de paro seguirá siendo «excesivamente elevada» y rondará el 20% en 2019. Por eso, alerta que la economía insular tiene riesgo de experimentar una « recuperación no inclusiva » en las islas, debido al fuerte peso del paro juvenil y de larga duración.

El Gobierno de Canarias hace alarde internacional de los bajos salarios de sus ciudadanos para captar inversión del extranjero. La vida privada del magistrado Salvador Alba tiene indignados a los magistrados . «Los jueces no somos así, nos están metiendo a todos en el mismo saco», apunta un magistrado, que considera «una vergüenza» lo que está ocurriendo. Alba, por su parte, tendría un cierto «iceberg» de apoyo silencioso entre la judicatura ubicada en las islas.

Teniendo tan buen clima y esa distancia que hay con los centros de tomas de deciones de Madrid, las vacaciones de Salvador Alba, que la pasada primavera almorzaría en la capital grancanaria con el líder de Vox, Santiago Abascal , en Maldivas ha dejado sin palabras al colectivo de habla dictando sentencias .

Alba está de baja médica. Y esa situación de «enfermedad» entorpecería , entre otros, hacer pública una sentencia que afecta de un número considerable de altos cargos municipales del PP en la ciudad de Telde. Es lo que se llamó entonces el « caso Faycan ».

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido , afirma que corresponde al CGPJ comprobar si un juez de baja puede irse o no de vacaciones . «No puedo hacer ninguna valoración. No sé si está en Maldivas o dónde está», manifiesta Garrido. Garrido dice que controlar si estando de baja un juez se puede marchar o no de vacaciones es un tema que le corresponde al CGPJ . «Yo no tengo nada que decir», sentencia. Y el GCPJ ha decidido; de entrada, que se aparte de sus funciones.

Alba, que tiene como letrado a Nicolás González Cuéllar, es la misma autoridad judicial a la que la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias pide que sea condendo a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, por delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos.

Es el mismo magistrado al que la Policía Judicial intenta localizar para entregarle una orden de pago de multa por grabar a sus compañeros e, incluso, a su jefe, Antonio Doreste . Los comentarios de los jueces que grabó fueron difundidos y apareció expresiones de sus colegas como: «Y todas las rumanas, putas ». Otro comentario de esa grabación fue: «En Rusia, sí, pero fuera de Rusia y jovencitos, unos mafiosos . Y todos los italianos del sur, todos, mafiosos, todos, de Roma para abajo».