Podemos suelta el lastre del «Factor Rosell»

José Manuel Soria acusa a Rosell de haber retrasado, de manera interesada y maliciosa, la instrucción de la causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social que se seguía en su Juzgado (Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria) contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, por supuestas irregularidades en los pagos a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria. Soria, a quien representa en este caso el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, no solo considera que Rosell incumplió su obligación de abstenerse, sino que retrasó la causa y no adoptó determinadas decisiones que podían ser perjudiciales para Ramírez, presuntamente, por el interés que tenía su pareja en el asunto.

Esa acusación de retraso de la causa contra Ramírez ya ha sido analizada en dos ocasiones -y archivada en ambas- por el Consejo General del Poder Judicial, a raíz de sendas quejas de la Fiscalía. Sin embargo, el caso dio un giro en el propio Supremo cuando el sustituto de Rosell en el juzgado, Salvador Alba , proporcionó a la Sala de lo Penal el mencionado informe, que se emitió después del encuentro mantenido entre el juez y Ramírez. Una reunión cuya grabación ha entregado el empresario al Juzgado. Esa grabación ha provocado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya incoado diligencias penales para investigar si cometió algún tipo de delito en las indagaciones que realizó sobre la también magistrada Victoria Rosell .

La Fiscalía de Las Palmas ha recomendado al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que remita al TSJC la grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez ha entregado sobre la conversación que Alba y él mantuvieron antes de que le interrogara formalmente sobre sus negocios. El Ministerio Público considera que de esa grabación pueden desprenderse indicios de la posible comisión por parte de Salvador Alba de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Este magistrado, ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias, sustituyó a Rosell en el Juzgado número 8 de la capital grancanaria durante el tiempo que esta ejerció como diputada en el Congreso por Podemos y se hizo cargo de uno de sus casos de mayor relevancia: el presunto fraude millonario cometido a la Seguridad Social y Hacienda por Seguridad Integral Canaria , empresa de la que es propietario Miguel Ángel Ramírez. De esa grabación, podría desprenderse que Alba orientó a Ramírez sobre lo que tendría que decir para perjudicar a Rosell, a cambio, presuntamente, de buscar motivos para declarar nula la causa por fraude fiscal en la que el empresario estaba siendo investigado.

En un comunicado, Podemos dice que respeta «aunque lamenta» la decisión de Rosell, «fruto de la cacería política de la que ha sido víctima desde el mismo momento en que anunció su incorporación a este proyecto político». «Una maquinaria del fango que no dudó en socavar el Estado de Derecho, como se comprobó con las grabaciones del juez Alba en las que se pactó una declaración amañada con un empresario para implicar a Rosell, provocando una fractura sin precedentes en la confianza de la ciudadanía canaria en la justicia», agrega la nota de la organización que lidera ahora Meri Pita, que ha dicho: « Llevo más de 30 años en la Administración de Justicia y no había visto nada parecido , es muy preocupante porque sin independencia judicial no hay democracia». No hay primarias para sustituir a Rosell.