«Caso Faycán» o cuando el tiempo todo lo cura

Añádase a lo anterior que el presidente del tribunal juzgador sigue sin dictar sentencia contra quienes llegaron como acusados a la sala y casi por arte de magia se convirtieron en testigos. A poco que el resto de los acusados se hubiera avenido al pacto con la Fiscalía habríamos asistido al primer juicio de la historia solo con testigos y sin ningún acusado. Se trata, además, de un magistrado que se encuentra precisamente a un paso del banquillo de los acusados como presunto responsable de cuatro delitos a cual más grave tratándose de un servidor de la Justicia: cohecho, prevaricación, falsedad y revelación de secreto . A pesar de todo, ni él parece tener intención alguna de dar un paso a un lado mientras se dirime su situación judicial ni un presunto gobierno de los jueces llamado Consejo del Poder Judicial mueve un dedo para apartarlo ante el riesgo de que todo el proceso se desmorone.

De todos modos, poco importa ya cuando estamos ante un caso que va camino de terminar de la manera más desmoralizadora posible en un procedimiento por corrupción: con los presuntos corruptos saliendo casi por la puerta grande del juzgado. Resumiendo el desolador panorama, tenemos que quienes han confesado en sede judicial y ante un tribunal que utilizaron dinero público para su enriquecimiento ilícito o para la financiación irregular de un partido político apenas merecerán reproche penal; quienes no lo han reconocido y se siguen considerando inocentes, igualmente podrán dormir tranquilos porque -a Dios gracias- la Justicia en este país tiene el cansino andar de las tortugas con el inestimable apoyo en algunos casos de los propios jueces. Cabe recordar aquí que cierto magistrado defendió en su día que había que dejar pasar las últimas elecciones autonómicas antes de celebrar este juicio para no perjudicar lo intereses políticos de la ex alcaldesa Castellano, acusada en este caso .

Como ciudadano me siento estafado y defraudado ante este tipo de componendas. No tengo culpa alguna de las «indebidas dilaciones del proceso» y no entiendo cómo el Ministerio Público -al que se supone garante judicial del interés público- propone para los acusados de graves delitos contra ese mismo interés condenas mínimas y casi simbólicas en comparación con lo que se establece en el Código Penal. No me mueve ningún deseo de venganza ni deseo ver a nadie injustamente encarcelado: sólo demando que se aplique la ley con rigor y que quienes usaron de sus cargos públicos para el enriquecimiento personal o el de su partido en uno de los escándalos de corrupción más graves de cuantos ha habido en Canarias, paguen por ello. Lo contrario hará que cada vez sea más cuesta arriba no considerar la aplicación de la ley en los casos de corrupción política como una simple escenificación formal de la justicia, una farsa para salvar las apariencias ante la sociedad.