La justicia tiene 71 procesos abiertos contra el Ejecutivo regional por el planeamiento

Siempre con arreglo a información de la propia Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial , que dirige el nacionalista Domingo Berriel (Coalición Canaria), son 55 las causas abiertas contra el Gobierno del Archipiélago a raíz, sobre todo, de los planes de ordenación de varios municipios de la provincia occidental. Los restantes 16 procesos, hasta los 71 sobre los que aún no se ha dictado sentencia firme, están relacionados con problemas surgidos en la demarcación de Las Palmas. En lo tocante a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los organismos demandados son en concreto cuatro.

La que fuera durante la anterior legislatura Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al frente de la cual también estuvo Berriel, está demandada en 15 casos solo en la demarcación de las islas occidentales. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, más conocida por su acrónimo, Cotmac, figura como tal en 23 pleitos y la Dirección General de Ordenación del Territorio, en otros 11 . Además, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuyas dos áreas se fundieron con la del planeamiento en la actual legislatura (el departamento de Medio Ambiente está ahora bajo la responsabilidad del también titular de Educación, José Miguel Pérez), es la parte demandada en cinco causas . Por si fuera poco, el Ejecutivo está salpicado por un proceso más que involucra también al Ayuntamiento de Arona (Tenerife). Y hasta aquí solo en lo concerniente a la provincia tinerfeña.

Respecto de la demarcación de Las Palmas, también son la Cotmac y la consejería del susodicho Berriel los organismos demandados en la mayoría de los 16 casos.

De la información del Servicio Jurídico-Administrativo del Planeamiento Urbanístico Occidental y del mismo departamento del Planeamiento Urbanístico Oriental se desprende que, en cuanto a Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, los municipios cuya ordenación territorial ha dado lugar a más pleitos son los de Arona y Los Llanos de Aridane (La Palma). Asimismo figuran también entre las localidades origen de conflictos las de Güímar, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, El Rosario, El Sauzal y Santa Cruz de Tenerife (todas de la isla del Teide) y Tazacorte (La Palma) .

En cuanto a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, las acciones judiciales emprendidas contra el Gobierno canario, y aún abiertas, tienen su origen en actuaciones en los municipios de Gáldar, Arucas, Vega de San Mateo, Mogán, Santa Brígida, Valsequillo, Telde y Las Palmas de Gran Canaria (todos de Gran Canaria) y Antigua y Tuineje (Fuerteventura) . Ni La Gomera, ni El Hierro, ni Lanzarote, ni sus respectivos planeamientos territoriales, son en estos momentos objeto de causas en las que el Ejecutivo autonómico sea el demandado.