Las cámaras canarias se «reinventan» antes del «duro» 2013

El real decreto de 2010 puso en la picota a estas organizaciones al suspender el denominado Recurso Cameral Permanente o cuota de obligado abono de los empresarios que hasta ese año nutría parte de las arcas camerales. Sus efectos se empezarán a notar el próximo año, puesto que en este ejercicio aún se están ingresando las cuotas de las empresas con beneficios y facturación superior a los 10 millones de euros, coincidieron ayer José Torres Fuentes; Vicente Dorta, director general de la corporación en Tenerife, y Manuel Santana, adjunto a Presidencia de la organización en Gran Canaria.

El año que viene será cuando definitivamente entre en vigor la disminución de ingresos prevista en la normativa, principal motivo de la nueva modificación legislativa que prepara el actual Gobierno de Mariano Rajoy, en la que se definirá el modelo de las cámaras. La paradoja del real decreto, que les resta fuentes de financiación y las preserva como corporaciones de derecho público, hizo que la incertidumbre sobre su viabilidad, no sólo en Canarias, cundiera al punto de tener que aplicar planes de ajuste y, en paralelo, iniciar contactos con el Gobierno de Canarias para poner sobre la mesa sus respectivas iniciativas para seguir acometiendo sus funciones y servicios a las empresas isleñas en plena recesión económica. Gran Canaria ha alquilado una de sus sedes, la de Triana, y ha reducido la cuantía de las subvenciones de las misiones comerciales internacionales (también su número), al igual que Tenerife, precisaron Santana y Dorta.

En paralelo, las cámaras canarias han ampliado los servicios que prestan, más enfocados hacia la innovación, las nuevas tecnologías, en el apoyo a la regionalización e internacionalización, con la finalidad de «mejorar su competitividad», señaló Dorta. Como parte del ajuste, en Tenerife también se suprimieron las antenas de Puerto de la Cruz y de La Gomera y se ha reestructurado el resto. «No queremos subvenciones, sino financiación», recalcó. Respecto a las reuniones con el Ejecutivo regional, la última se produjo en junio o julio, recordó Torres Fuentes, y se prevé que se retomen en septiembre para abordar, entre otros, posibles encomiendas de gestión encaminadas a compensar pérdidas.