Una base de ocho millones de sentencias donde 'los malos' se llaman Severo, Braulio o Nemesio

«¿Dónde quedaría, de otro modo, la cancelación de antecedentes penales?», expone el director del centro, Joaquín Silguero. Explica que son nombres «antiguos y en desuso para evitar coincidencias», que a veces las hay, e incide en la importancia de la tarea por derechos fundamentales.

Son treinta los criterios que aplica el algoritmo para preservar la identidad de los afectados y en algunos casos, como menores de edad en lugares de poca población donde sólo por el contexto, serían identificables, el nivel se refuerza. En general, no se oculta el nombre del juez o tribunal, ni tampoco la localización. Si se trata de una persona jurídica o de un funcionario en el ejercicio de su cargo -un alcalde corrupto- tampoco se esconde.

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Y la ocultación se realiza por capas: el juez del caso verá en su buscador -distinto al que se ofrece a la ciudadanía general- los datos en abierto. Cuando pasen 50 años, además, el velo se levantará.

Esta es la parte más costosa de mantener un repositorio que ya es el mayor de la UE y se come el 60% del presupuesto destinado a jurisprudencia, aunque una fracción se recupera. Directiva Europea mediante, el Cendoj puede cobrar un precio público -que no genere beneficios- a las editoriales que le piden sentencias con fines mercantiles. Al cabo del año, calcula cuánto le ha costado el tratamiento informático de las resoluciones, lo divide entre el número de empresas que las adquieren y se lo factura.

Son cerca de dos millones de euros lo que paga anualmente el Cendoj por el procesado de las resoluciones, muy lejos del coste del análisis de jurisprudencia que aplica en ellas su propio personal, pero de otro modo, no podrían ofrecerse al público. Que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y para su aplicación, tanto debería dar que uno se llame Juan, o se llame Nemesio.