En el cuartel general de la jurisprudencia en España

No es que esté almacenado todo. Cuando en 1997 se constituyó el Centro de Documentación Jurídica del Consejo General del Poder Judicial, el Cendoj, y se ubicó en Guipúzcoa para contentar al País Vasco tras ceder el Estado la Escuela Judicial a Cataluña, el plan era crear un sistema que facilitase a los jueces la consulta de la doctrina, pero digitalizar todo lo hecho era una vía rápida para dilapidar fondos y esfuerzos. La mira se puso en un futuro en el que las comunidades autónomas iban consolidando sistemas informáticos -con mayor o menor gloria- para trabajar en digital. Y si ellos lo tenían en una red, sólo era cuestión de recopilarlo, tratarlo y publicar.

Cuarto de siglo después, ocho millones y medio de sentencias habitan esos servidores -con copias de seguridad en un lugar no revelado-, una cifra que se actualiza cada jornada. Los sistemas del Cendoj trabajan por la noche, haciendo un barrido de los espacios informáticos de instancias como la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia y recogiendo e incorporando lo que han generado. En órganos como el Supremo, cuentan con el apoyo del Gabinete Técnico, medio centenar de magistrados en la sombra que se esmeran en seleccionar resoluciones por su trascendencia.

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La contra, los órganos unipersonales y en general, las instancias en autonomías donde el sistema o no está informatizado o no de un modo compatible. Ahí, son funcionarios quienes se encargan del envío al Cendoj y no siempre llega puntualmente o no siempre llega todo. Cuando la institución tiene constancia de que le falta una sentencia de interés, ha de pedirla.

En paquetes, esa información viaja a una empresa -la próxima licitación es de diez millones de euros para un plazo de cinco años- que se encarga del tratamiento de las resoluciones a fin de que se puedan ofrecer al gran público: los documentos se convierten en archivos llenos de capas y palabras clave que permiten su clasificación y búsqueda por un centenar de criterios y dan ventajas como, por ejemplo, que el ciudadano común no vea los nombres reales de los afectados, lo que preserva su identidad, pero el juez concernido por el asunto tenga toda la información sin censurar.

Sólo a través de su web recibieron 22,7 millones de accesos el año pasado. La sentencia más vista estuvo por encima de las 17.000 visualizaciones: la del Supremo sobre los rayders. «Hemos pasado de ser un centro de documentación para jueces a un centro de innovación tecnológica al servicio del ciudadano», dice con satisfacción el director del Cendoj, Joaquín Silguero, que ya estuvo entre 2005 y 2011 al frente de este organismo y que recibe a ABC en sus instalaciones.

Mantener la jurisprudencia al día -«es ya el mayor repositorio de la UE», con un tesauro único en su especie- sólo es una de las facetas del Cendoj, desde cuyo servicio de informática se facilita que todos los jueces y magistrados tengan internet gratis -se costeó con lo que ahorraba el centro dejando de publicar las sentencias en papel- y se gestiona tanto su correo corporativo, que no vive en el armario sino en la nube; como la web del Poder Judicial.

También el Punto Neutro, la joya de la corona. Una red que comunica los órganos judiciales con instituciones como la Agencia Tributaria para agilizar. Los datos hablan por sí solos: 47,5 millones de consultas de información el año pasado, incluido millón y medio de peticiones de embargo para la astronómica cifra de ciento veinticinco mil millones de euros. La red está conectada con 96 entidades bancarias «del tirón».

Pero hay más. El Cendoj, integrado por 58 personas y articulado en secciones con una Letrada de la Administración al frente de cada una, cuenta con un equipo de documentalistas para consultas de jurisprudencia del que se sirven un millar de jueces cada año para afrontar resoluciones, se diría, especialmente complicadas.

El futuro, explica Silguero, se trabaja ahora diseñando herramientas de inteligencia artificial que mejoren la gestión de la jurisprudencia y agilicen su consulta, pero también en atender necesidades urgentes como que los jueces tengan firma digital, profundizando así en seguridad, ya reforzada tras un hackeo a finales del año pasado.

«Queremos seguir almacenando y seguir mejorando en el tratamiento de las sentencias. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar y sobre todo, que lo que sirva para un sitio, sirva para todos. Eso es el Cendoj», dice Silguero.