La Audiencia Nacional revoca la décima semilibertad concedida a un preso de ETA

Con éste son ya diez los terceros grados a presos de ETA que ha tumbado la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía, que ha recurrido una veintena de concesiones de este régimen de semilibertad. Desde que en octubre de 2021 la administración vasca asumió las competencias en prisiones, ha concedido 34 terceros grados a reos etarras, si bien la mayoría han sido objeto de recurso por parte del fiscal.

Hasta ahora se han resuelto 25 semilibertades a presos de ETA concedidas por el Gobierno vasco, de las cuales un 40% han sido revocadas, ya sea por la Sala de lo Penal o por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Quedan, no obstante, otros nueve casos pendientes de que se pronuncie la Justicia y suman 15 las progresiones de grado que se han confirmado, bien porque el fiscal no presentó recurso, bien porque en la Audiencia se ha desestimado.

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S. E.

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En un auto al que tuvo acceso ABC, el Juzgado Central de Vigilancia respalda su tesis sobre el tercer grado de Subijana. La resolución considera «prematura» la progresión habida cuenta de que este etarra no rebasará las tres cuartas partes de la pena hasta 2028 y no terminará de saldar su deuda con la Justicia hasta 2035, es decir, le quedan doce años de cumplimiento.

Por otra parte, como argumentaba la Fiscalía, el etarra empezó en abril de 2022 a disfrutar de permisos ordinarios, justo cuando la Junta de Tratamiento de la cárcel propuso el tercer grado en una decisión que, además, no era unánime porque la trabajadora social votó en contra. Suma que solo ha pagado 210 euros de responsabilidad civil pese al tiempo que lleva ya en prisión y no ha participado en programas de justicia restaurativa.

En cuanto a su supuesto arrepentimiento, expresado en un escrito, el fiscal señala que si bien no se trata del formato estereotipado que se ha detectado en otros presos de la banda terrorista, contiene «importantes aspectos a considerar», y el Juzgado de Vigilancia le da la razón.

«Determinadas expresiones que utiliza en su escrito denotan una falta de suficiente superación de los aspectos tratados que hace necesario que se continúe trabajando en los déficits que llevaron al interno a delinquir», explicaba en su recurso el fiscal Carlos Bautista.

Conforme subrayaba, el escrito contiene referencia a «la violencia para la consecución de objetivos políticos», lo que legitima políticamente la actividad terrorista y menciona a ETA como «la organización en la que militaba», de manera que «obvia claramente su definición como organización terrorista».

También habla de «lucha armada» y se refiere «con cierta equidistancia» a «todas las víctimas», lo que en opinión del Ministerio Público, «revela que los fundamentos de sus actos criminales no han sido suficientemente tratados y modificados».

En el lado opuesto, otra resolución de la Audiencia Nacional que avala el tercer grado concedido por el País Vasco a otro preso de ETA. Se trata de Patxi Marqués Celaya, que fue condenado en el año 2002 a un total de 62 años de prisión por planear un atentado fallido contra el cuartel de la Guardia Civil de Algorta, en Vizcaya, y formar parte de un comando colaborador de la banda terrorista.

En una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez, la Sala da la razón al fiscal en que se trata de «delitos ciertamente gravísimos» y «no consta un arrepentimiento serio y eficaz» del etarra «acerca de los hechos cometidos» porque «más bien se tata de una petición de perdón formal que no va acompañada de ningún gesto o acto que evidencie este perdón a la sociedad y a las víctimas».

Sin embargo, respalda que goce de la progresión al tercer grado, que le da margen para hacer vida fuera de prisión, porque «cumplió las tres cuartas partes de la condena en el mes de marzo de 2017 y redime la pena de forma definitiva el 2 de junio de 2023», es decir, le quedan apenas unos meses de cumplimiento efectivo hasta zanjar la condena.

Añade también que la progresión de grado contó con el apoyo unánime de la junta de tratamiento de la cárcel, cosa que no ocurría con Subijana, por el tiempo que Marqués lleva ya en prisión, y considera en su favor que «cuenta con propuesta de realización de una actividad laboral, así como con acogida familiar».

«Habida cuenta de la finalidad constitucional que deben tener las penas privativas de libertad de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Española, y siendo deseable que el interno vaya haciendo una vida en semilibertad como preparación para el momento de la remisión definitiva de la pena, es por lo que procede mantener y confirmar el tercer grado penitenciario», dice la Sección Primera de lo Penal.