La Audiencia de Cuentas de Canarias confirma las irregularidades en la compra de mascarillas del Gobierno de Ángel Víctor Torres a la trama Koldo

El presidente de dicho órgano ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta para dar cuenta sobre la auditoría de los contratos que se adjudicaron de emergencia a diversas empresas para la adquisición de mascarillas y otro tipo de material sanitario durante la pandemia, que señala posibles responsabilidades contables por parte de la administración canaria.

El informe, tal y como adelantó ABC, refleja que, bajo el paraguas del procedimiento de emergencia para conseguir el material durante el estado de alarma, tanto la Dirección General de Recursos Económicos como el Servicio Canario de Salud superaron con creces el gasto establecido de dos millones de euros sin previa autorización del Gobierno de las islas. El Partido Popular, durante la comisión, señala además que la licitación de dichos contratos no cumple con la legislación vigente y que, en un caso concreto, incluso la empresa adjudicataria se constituyó después de sellarse un contrato de 1,3 millones de euros.

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Emilio V. Escudero

Una de las empresas adjudicatarias es Soluciones de Gestión, la sociedad ligada a la trama Koldo, que adquirió un contrato por valor de casi 10 millones de euros con el Gobierno canario, entonces presidido por Ángel Víctor Torres, por la compra de dos lotes de mascarillas. La auditoría señala que tanto esta empresa como otras seis más no tenían la «capacidad de obrar», como establece la ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, ni tenían la «solvencia económica» requerida.

Preguntado por esta cuestión, Pacheco ha asegurado que en estos casos el contrato debería haberse declarado nulo desde un principio. Desde la bancada socialista han alegado que el contexto de emergencia justificaba que las empresas adjudicatarias no contaran con dichos requisitos.

La auditoría señala que tanto Soluciones de Gestión como Injoo Technology, las adjudicatarias donde se concentra el mayor volumen del importe total de los contratos, son sociedades cuyo objeto social no corresponde a la venta de material sanitario y que no contaban con la solvencia preceptiva para llevar a cabo esta labor. Así lo han denunciado los populares en la comisión, ahondando sobre los problemas sobrevenidos de llevar a cabo estas irregularidades.

En muchos casos, el material no llegó a las Islas Canarias y el inventario que acreditó el exconsejero de Sanidad del archipiélago, Conrado Dominguez -a quien los populares señalan por su posible vinculación al caso mascarillas-, no coincide con las unidades que finalmente llegaron a Tenerife. Miles de mascarillas que se perdieron por el camino y que se abonaron «para justificar la mordida», ha asegurado el senador del PP, Salvador Foronda.

Cabe destacar que este informe comenzó a elaborarse un año después del confinamiento pero no ha visto la luz hasta noviembre de 2024, ya que tres consejeros de corte socialista de la Audiencia de Cuentas lo vetaron en el año 2022. Ahora, dos años más tarde, tras la renovación del órgano, esta auditoría quedó aprobada con tres votos a favor y dos en contra y fue remitida a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y al propio Tribunal que estudia los posibles indicios de responsabilidad contable.