Asuntos Internos eleva a 70 los proyectos de Villarejo aún por investigar

El informe, al que tuvo acceso ABC, es una ampliación de los dos primeros rastreos que la Policía presentó en los meses de mayo y julio, después de que el juez Manuel García Castellón solicitase separar el grano de la paja para enlistar todo aquello que pueda evidenciar que lo de Villarejo es una organización criminal que sigue un patrón de conducta y donde un puñado de personajes se repiten a lo largo de los años y se reparten los papeles en la trama. Cada uno con un rol. Es la clave del delito.

En un primer momento, Asuntos Internos puso negro sobre blanco cerca de treinta proyectos de los que había encontrado rastro en los papeles del comisario y tres meses después la cifra subía a medio centenar. En unos casos constaba el cliente, la persona o empresa que se iba a investigar, el año, el precio y la factura o transferencia bancaria del pago. En otros faltaban algunos de estos datos, podían tratarse sólo de propuestas incluso rechazadas o se adivinaban hechos prescritos mirando exclusivamente la fecha. Pero había material suficiente, apuntaban fuentes jurídicas entonces, para prever la apertura de al menos otra veintena de investigaciones.

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Ahora, la situación se complica porque son ya 70 y con clientes y objetivos de toda índole. Figuraba ya, por ejemplo, el difunto Juan Cotino, exdirector General de la Policía Nacional y expresidente de las Cortes Valencianas, como supuesto cliente de un encargo a Villarejo para recuperar en 2015 el dinero que la empresa familiar, Alquería Dolores, tenía en Banco de Madrid, recién intervenido en aquella época. El informe recoge que el comisario le propuso 25.000 euros más el 15% del dinero recuperado o llevarse directamente la cuarta parte de los fondos. Lo que no consta, tampoco en la ampliación presentada este octubre, es qué ocurrió al final. El proyecto se denominó «COj».

Los había más caros. No figura en el informe de quién partió el encargo, pero sí que las empresas del comisario ofrecieron un proyecto en tres niveles, de «disuasorio» a «presión total y acción policial-judicial integral» contra dos empresarios de Barcelona por importe total de 3,9 millones de euros en el año 2016. El más caro, no obstante, no fue ese. El nuevo informe refleja la propuesta de «Reload» un proyecto de cliente igualmente ignoto pero que tenía en el foco a dos abogados de otros tantos grandes bufetes españoles. El precio de partida, siete millones y medio de euros.

Y bufetes aparecen varios, ya sean como víctimas o como clientes, igual que algunas empresas de índole variada. Desde la agencia de detectives Kroll hasta Merck España, algunas constructoras medianas o la Fundación Afal, cuyos responsables fueron condenados este mismo año en la Audiencia Provincial de Madrid por estafar 8,7 millones de euros a enfermos de Alzheimer. En este caso el proyecto se denominó «Horse» y se dirigía contra lo que figura en los papeles de Villarejo como «grupo agresor», integrado por el hijo de un célebre torero ya fallecido y un periodista. La «propuesta» está fechada en 2014.

Hay también un ciudadano chino que estuvo en la lista de principales acusados en el caso Emperador y al que las empresas de Villarejo llevaban la defensa. El encargo, que se llama Yongping igual que el cliente, lleva una nota de aviso de Asuntos Internos: la documentación intervenida sobre este asunto incluye material que puede ser considerado secreto oficial. También aparecen con nota al pie los proyectos «True/Bergaz», que recoge «documentos de acceso restringido» del órgano de prevención de blanqueo del Consejo de Notariado; y «Hook», donde se han hallado datos «obtenidos de ficheros policiales» e información de la Agencia Tributaria sobre el empresario y el abogado investigados.

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En espera de qué ocurre con proyectos como este, en los que sí constan cliente, investigado y presupuesto, la lista de perjudicados se ha ampliado exponencialmente en la causa. Sólo en la pieza sobre los encargos de BBVA se ha ofrecido entrar a 67 personas, que se suman a las decenas que ya figuran en el resto de líneas separadas.

Aporta además el informe una batería de hallazgos que van a veinte investigaciones ya en marcha y documentación adicional encontrada procesando los papeles de Villarejo. En este apartado, destaca que «se localiza documentación relacionada con las diligencias previas» del caso Gurtel y en concreto, con la información obtenida de Suiza, adonde la Audiencia Nacional envió comisiones rogatorias durante la investigación. La carpeta donde estaba esta información se llamaba «Propuestas/LB», las siglas de Luis Bárcenas.

Avisa igualmente la policía de que se ha topado con «otra documentación que, sin estar vinculada estrictamente a proyectos de investigación o inteligencia, sí se relaciona con inversiones, contratos o documentos en las que participa el Grupo Cenyt» y en particular, con «operaciones de negocio vinculadas a Angola». Todos estos documentos, igual que otros hallados en esta tanda de análisis y que podrían estar «afectos a la ley de secretos oficiales» se ha entregado en dos discos al juzgado para enfado de la defensa de Villarejo, que no ha tenido acceso.

«De dicha documentación de la que, como siempre, sólo se da traslado al Ministerio Fiscal», dice el escrito del letrado Antonio José García Cabrera al que tuvo acceso ABC. Reclama que «para permitir un mínimo ejercicio del derecho a la defensa en igualdad de armas con la acusación» tengan ellos también copia de la información, igual de toda aquella que se va incorporando en una pieza de expurgo porque afecta a terceros o a la seguridad del Estado.