La Audiencia Nacional destapa otra treintena de proyectos de Villarejo

Es un arma de doble filo este informe porque, por un lado, ahonda en el delito de cohecho que se le imputa cada vez que acepta una misión particular llevando la placa en el bolsillo. Pero por otro, respalda la principal tesis de la defensa, sustentada en que Villarejo hacía lo que hacía a la vista de todo el mundo porque durante años así lo consintieron los sucesivos ministros del Interior . «Si no factura, se ve el tocomocho», llegó a decir uno de los acusados sobre los negocios del comisario durante el juicio en la Audiencia Nacional. Está por resolver la petición de otro imputado que solicita llamar al Estado como responsable civil subsidiario de tanta tropelía.

El trabajo de Asuntos Internos es fruto del análisis sistemático que desde el inicio de las actuaciones, en 2017, vienen haciendo sobre el material incautado al comisario. A veces, actualidad manda -ya sean noticias o denuncias de afectados- y se bucea en el arsenal del policía a golpe de criterios de búsqueda. El resto del tiempo, la labor consiste en analizar y clasificar el contenido carpeta a carpeta . Cuando se aisla un proyecto que puede ser delictivo, se propone al juez abrir pieza separada. No siempre se atiende la petición. Hasta ahora, son 33 las piezas que se han ido abriendo así, y más de un tercio siguen vivas,

Ahora, lo que ofrece la Policía es una panorámica de una década de trabajos del comisario y un glosario de los términos con los que denominaba sus proyectos. El informe, adelantado por La Razón y al que tuvo acceso ABC, recoge una tabla con 33 apuntes clasificados por cliente, investigado, presupuesto y fecha y estado de la cuestión. Lleva adjunto un disco de memoria que contiene 30 gigabytes de información para sustentar cada uno de los nombres que aparecen en esa lista, donde consta desde el fabricante de juguetes Simba hasta Citibank, pasando por despachos de abogados en nombre de otros como el Grupo Vips, y hasta el letrado que le representó a su detención, Ernesto Díaz Bastién.

Llama la atención que Asuntos Internos sitúa en dos proyectos a otro comisario de Policía, Gabriel Fuentes, como «representante del cliente». En un caso, de 2006, el plan se llama «Hungría» y consta que lo promueve «Insitu Grupo Consultor». El precio, 31.500 euros. El segundo caso no recoge precio ni estado, pero sí que el objetivo eran dos personas de la firma Cementos La Unión. Es el proyecto «Hard», de las mismas fechas y cabe la probabilidad de haya ya prescrito. Villarejo estaba en activo en aquella época. De Fuentes, el informe sólo dice que se jubiló en 2018.

Y si «Hard» tenía huérfana la casilla del importe, «Harbor» tiene vacía la que corresponde al cliente. Sí dice a quién se iba a espiar, C.P., una persona a la que se identifica junto a las siglas del Partido Popular. Hay algunos apellidos más conocidos que esa «P» entre las personas investigadas en virtud de aquellos proyectos, como el de Trinitario Casanova, empresario que sigue figurando entre las personas más ricas de España y a quien Villarejo habría espiado por un monto de entre 675.000 euros y 4,75 millones en el año 2010 por cuenta de una constructora, el Grupo Hispania, según recoge el informe policial.

Por lo mismo, figura Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, nombre que se corresponde con el del político kuwaití que preside la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales y al que Villarejo habría mirado por encargo de alguien a quien sólo se define como «persona de confianza» en el año 2014. Es el proyecto que bautizó como Raven, para «conocer en profundidad» sus «actividades ilícitas y en especial las que inciden de manera negativa en los aliados» de esa persona de confianza cuyo nombre no figura. El importe, tampoco.

El esquema de todos, por los extractos de cada proyecto que recoge Asuntos Internos, es el mismo y que ya se conoce en la Audiencia Nacional. «El proyecto tendría como objetivo fundamental, salvaguardar los intereses del Grupo Económico representado por K (cliente)» y a partir de ahí, las metas que fueran, pero si mediaron accesos vetados a datos de bases policiales, esta síntesis no lo dice, aunque se apuntan algunas líneas a seguir en esos extractos.

Es el caso del un informe preeliminar que también recoge en la batería Asuntos Internos y que se incardina en el proyecto denominado «Deal», cuyo objetivo sería «estudiar la viabilidad de poder activar el 'encendido' de un protocolo operativo, que a partir de su puesta en funcionamiento, opere entre otras funciones, como 'programa preventivo y de alerta'. »El referido protocolo, además de búsqueda y obtención de datos, realizará un análisis posterior de los mismos, al objeto de elaborar periódicamente un informe de inteligencia«, dice la descripción del trabajo.

En otro caso, a quien se investiga es a la administradora de una empresa de bebidas. Es el proyecto «Logo», fechado en 2013, y lleva una advertencia de la fuerza policial: « Contiene información que afecta la esfera íntima del cliente y terceras personas ».