Las asociaciones de prensa denuncian la maniobra de Hacienda contra el periodista de ABC Javier Chicote tras informar sobre Montoro

FAPE, APM y API recuerdan que «el derecho a la libertad de información y la rendición de cuentas son esenciales en un Estado democrático»

Los periodistas de investigación revisan casos similares para valorar una personación en la causa abierta en un Juzgado de Tarragona

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El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una entrevista en Radio Euskadi en 2019 FOTO DE ARCHIVO | vídeo: abc multimedia

Las asociaciones de la prensa han reaccionado este miércoles con comunicados de denuncia tras conocer que la cúpula del Ministerio de Hacienda, en la época en que Cristóbal Montoro se encontraba al frente, ordenó abrir una inspección fiscal al jefe de Investigación de ABC ... después de que publicara que el despacho legal y de consultoría fiscal fundado por el ministro, Equipo Económico, cobró hasta 270.000 euros por informes para grandes empresas interesadas en influir en Hacienda, así como otras exclusivas relacionadas con dicho gabinete.

La Asociación de Periodistas de Investigación (API), ha denunciado que la Agencia Tributaria investigara al periodista Javier Chicote «por el hecho de publicar informaciones incómodas para el entonces ministro Cristóbal Montoro« y animado a otras asociaciones a que hicieran lo mismo y promuevan «las acciones que sean necesarias para que este gravísimo hecho no quede impune».

«Deseamos que el juzgado de Tarragona que investiga el caso llegue hasta el final y se depuren responsabilidades. Esa investigación clandestina sería un acto de persecución fiscal y un uso torcido del poder del Estado contra un periodista por ejercer el derecho a informar. Una democracia no puede consentir esos actos de desvío de poder que suponen una vulneración de derechos fundamentales ejecutada desde el poder contra los que considera desafectos. No hace falta a estas alturas recordar que un periodista informa, da luz y transparencia a hechos cuyo conocimiento permite la formación de opinión pública. Sin periodismo no hay democracia», publicaron desde la asociación presidida por Antonio Rubio.

Rubio, formador de periodistas, considera en conversación con este diario que el hallazgo de la inspección a Chicote «supone una novedad en cuanto a las formas de presión a los periodistas de investigación y un hecho gravísimo, que supone una amenaza a la intimidad familiar y que no podemos permitir. Por eso vamos a investigarlo». De ahí que la asociación que preside se encuentre recopilando hechos similares al del jefe de Investigación de ABC conocidos por otros periodistas para valorar si solicitan personarse en la causa abierta en Tarragona. También se muestra expectante ante una reacción del Gobierno al asunto.

Nunca se le avisó de una inspección

El 26 de septiembre de 2017, a las 10.02 horas de la mañana, el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel de Alarcón -que sigue figurando en el mismo cargo en el organigrama de la AEAT-; el director de la Agencia, Santiago Menéndez Menéndez; y el director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis María Sánchez González, máximos responsables de la Agencia Tributaria por encima de quienes sólo figuraba el propio ministro y su secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya, se intercambiaron un correo con un informe «detallado» que «hemos realizado a Javier Chicote», se podía leer en la comunicación, así como avanzaban que «vamos a remitir una FITT -ficha de información con trascendencia tributaria- para su carga en el plan de inspección».

El periodista nunca fue advertido de que Hacienda estaba revisando su información contable y la de toda su familia, incluida la abuela de su esposa, y nunca fue notificado de ninguna sanción. Sin embargo, ese intercambio de información en la más alta esfera de la Agencia Tributaria, con todos sus datos fiscales, ha aflorado en una investigación secreta del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por presuntas irregularidades de la firma de Montoro, su hermano y antiguos colaboradores, adelantada por 'El Periódico de España'.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se han unido a la denuncia de la API. La primera solicita «la actuación de las autoridades para que este hecho no quede impune» y la segunda también recuerda que «el derecho a la libertad de información y rendición de cuentas son esenciales en un Estado democrático».

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