El pueblo aragonés usado por Cataluña para ensayar su «desconexión» de España

La Justicia ordenó hace más de dos años que esas piezas fueran devueltas a ese histórico cenobio oscense. Sin embargo, la Generalitat -con el activo respaldo de los secesionistas en el Parlamento catalán- lleva encadenando desacatos contra las órdenes judiciales. Ha sumado al menos cinco en poco más de un año. Y lo ha hecho argumentando públicamente que Cataluña es jurídicamente 'soberana', que sus leyes y ordenamientos regionales están por encima de las leyes españolas y que, en suma, no se reconoce la eficacia del Estado de Derecho si sus pronunciamientos se entienden contrarios a las disposiciones normativas de la comunidad autónoma.

Este hilo argumental fue expuesto públicamente hace más de un año por autoridades independentistas catalanas, a vueltas con el incumplimiento de las órdenes judiciales en el «caso Sijena». Y es un hilo argumental se sigue abonando. Hace escasos días, en vísperas de la rebelión contra el Estado ejercida por el 'Parlament' y el Gobierno de Puigdemont, el vicepresidente catalán Oriol Junqueras dio una vuelta de tuerca más a esta rebelión contra la Justicia, al considerar que no solo debe ser ingnorada cuando Cataluña considere que sus órdenes no encajan con normativas regionales sino incluso cuando simplemente los políticos catalanes entiendan que hay razones «de conciencia» para ningunear una orden judicial. Y, en opinión de Junqueras, el arte de Sijena entra en este supuesto.

El ensayo de rebelión secesionista contra la Justicia española se ha saldado, hasta la fecha, sin consecuencia alguna para las autoridades catalanas pese a que se ha puesto en práctica con reiterados incumplimientos judiciales . Ni se han abierto diligencias judiciales contra ningún miembro del Gobierno catalán, responsable directo de la desobediencia; ni se han adoptado medidas coercitivas para que regresen efectivamente a Villanueva de Sijena las obras de arte que Cataluña retiene desde mediados de 2015 en contra de lo ordenado por la Justicia. Y esto pese a que la parte aragonesa ha reclamado que se actúe para hacer cumplir la ley, las sentencias y los autos judiciales. Así, tanto el Gobierno aragonés como el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena han reclamado insistentemente que el juzgado oscense que lleva el caso envíe a las fuerzas de seguridad al Museo de Lérida para rescatar las decenas de obras de arte que están retenidas allí. Además, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, lleva más de un año solicitando que se den las instrucciones oportunas para que intervenga la Fiscalía, que investigue penalmente a los responsables de estos desacatos continuados -en particular al actual consejero de Cultura, Lluís Puig, y su antecesor en el cargo, Santi Vila-.

Hace escasos días, el letrado de Villanueva de Sijena tomó una nueva iniciativa en este sentido y reclamó que se emprendan acciones para que el Tribunal Supremo procese por estos hechos tanto a Puig como a Vila , como mínimo por delito continuado de desobediencia a la autoridad judicial, aunque sostiene que en el caso hay indicios que apuntan a que podrían haber incurrido también en los delitos de apropiación indebida y de prevaricación .

La rebelión de la Generalitat contra la Justicia en este caso es reincidente desde finales del año 2015, cuando -tras emitir la sentencia de Primera Instancia en favor de Aragón y aceptar su ejecución provisional- el juzgado envío al Gobierno catalán la primera orden de entrega de los bienes de Sijena. La Generalitat hizo caso omiso a ese primer requerimiento. Tampoco atendió, ni en tiempo ni en forma, las otras dos órdenes que se le enviaron en el verano de 2016 para reiterarle la obligación de entregar esas piezas. E igualmente ha vuelto a ningunear dos órdenes más que el juzgado impuso a la Generalitat este verano, que debía haber cumplido el pasado julio y de las que ha vuelto a hacer caso omiso.

Las obras de arte que retiene la Generalitat forman parte de una colección de 97 que, según una sentencia dictada en primera instancia en la primavera de 2015, fueron adquiridas ilegalmente por la Generalitat entre los años 1983 y 1995. De esas 97 piezas, 51 volvieron a Sijena a finales de julio del año pasado -debía haber devuelto las 97, por lo que incurrió en desacato-, 44 son las que continúan retenidas por la Generalitat en el Museo de Lérida, y dos están en paradero desconocido -las autoridades catalanas aseguran que las han extraviado-.