La Generalitat falseó un contrato para apropiarse de un centenar de obras de arte aragonesas

La orden de devolución la ha dictado el juzgado número 1 de Huesca, que ha resuelto el litigio en primera instancia y ha dado la razón al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. La sentencia, pese a haber sido recurrida por la Generalitat, ha empezado a surtir efectos. El más importante, esa orden de devolución cautelar de las 97 piezas que, según el juzgado oscense, está probado que fueron objeto de una compra-venta fraudulenta, urdida por la Generalitat cuando estaba al frente de ella Jordi Pujol.

La orden de devolución debe cumplirse, como máximo, el próximo 25 de julio. Pero el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena teme que las autoridades catalanas ignoren la orden. Por ello, han pedido al juzgado que tenga prevista la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad, para que se incauten de esa colección y la trasladen rápidamente. Todo ello, sin renunciar a emprender acciones penales contra los responsables del incumplimiento de la orden judicial, por desobediencia.

La Diputación de Lérida y el Ayuntamiento de Barcelona han adoptado en los últimos días sendos acuerdos que abogan abiertamente por desobedecer esa orden judicial de devolución. Esos acuerdos han sido promovidos por partidos de la órbita independentista catalana, aunque en algún caso también ha sido secundado por el PSC y por el PP -caso del adoptado por la Diputación leridana-.

Ante este movimiento tendente a retener esas 97 obras de arte, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha decidido contrarrestarlo con un manifiesto «Por la verdad y la restitución del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena» . Se trata de un manifiesto difundido esta misma semana, para que sea suscrito en señal de apoyo tanto por particulares como por entidades.

En este manifiesto se incide precisamente en esa sentencia del juzgado oscense que ha declarado ilegal, por fraudulenta, la compra-venta urdida por la Generalitat entre los años 1983 y 1994 . Según esta sentencia, el Gobierno catalán incurrió en un cúmulo de ilegalidades. Entre ellas, que formalizó la compra de ese centenar de obras de arte con una monja que no tenía representación legal de propiedad para venderlas; que se ocultó a la Santa Sede, a la que obligatoriamente se debía haber comunicado; que los precios de esa compra-venta fueron ficticios, porque -además de ser muy inferiores al valor real de las piezas- la Generalitat ha sido incapaz de demostrar que pagó dinero por aquella compra-venta; y que se saltaron los requisitos legales elementales que pesaban sobre esa colección, al formar parte de un conjunto -el Monsterio de Sijena- declarado Monumento Nacional desde el año 1923.