El Gobierno de Aragón se salta la ley que le obliga a rendir cuentas sobre los miles de millones que se gasta

La Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 84, obliga al Gobierno aragonés a incluir en su cuenta general de cada año, entre otros documentos, una memoria justificativa del coste y rendimiento de sus servicios públicos. Y también una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos que fijan a principios de cada año sus programas presupuestarios, de forma que se indiquen claramente los objetivos que se habían previsto, los que realmente se han alcanzado y cuánto han costado. Se trata de datos fundamentales para poder comprobar que el dinero se gasta de forma eficaz y razonable, que no hay sobrecostes injustificados y que no se pierden fondos públicos en servicios innecesarios o ineficaces.

Pero ninguna de esas obligaciones ha sido cumplida por el Gobierno aragonés, según han censurado los auditores de la Cámara de Cuentas, que acaba de presentar su informe de fiscalización de la Cuenta General del Gobierno de Aragón correspondiente al ejercicio de 2019.

«No incorpora las memorias del coste y rendimiento de los servicios públicos y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos» , critican los auditores. Y remarcan: «Estas omisiones impiden a la Cámara de Cuentas de Aragón pronunciarse sobre si la actividad económica-financiera» del Gobierno de Aragón «se ha ajustado a los principios de eficacia, eficiencia y economía».

La ocultación no solo es grave sino persistente, año tras año, como también censuran los auditores en este mismo informe. Hablan abiertamente de «reiterada falta de información» sobre el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y la eficacia y eficiencia de los miles de millones de euros que gasta cada año el Gobierno aragonés.

En 2019, el Ejecutivo presidido por Javier Lambán se gastó un total de 6.528 millones de euros. Los auditores no han podido constatar si los programas financiados con todo ese dinero se ajustaron a los objetivos presupuestarios que se habían fijado ni si el coste de los servicios públicos se ajusta realmente a los principios de eficacia económica.

En 2019 hubo elecciones autonómicas. Medio año, en la recta final de la legislatura 2015-2019, el Gobierno de Lambán lo integraba la coalición PSOE-Chunta, con apoyo parlamentario de Podemos. Desde el verano de 2019, Javier Lambán preside el Gobierno cuatripartito formado por el PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y los autonomistas del PAR.