Fernando Gimeno (PSOE), consejero de Hacienda del Gobierno aragonés - Fabián Simón
Autonomías

Destapan en el Gobierno de Aragón más de 200 millones de euros en sueldos al margen de la ley

Son complementos salariales abonados irregularmente a funcionarios, de forma generalizada y reincidente

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El Gobierno aragonés pagó en 2017 sueldos al margen de la ley por valor de más de 200 millones de euros. Lo hizo a través de complementos salariales que abonó irregularmente a funcionarios de múltiples departamentos, entre ellos a personal sanitario y de la Administración de Justicia. Además, se han detectado cinco millones de euros abonados por horas extras en la Sanidad pública pese a que no existía un control de fichaje que permitiera comprobar realmente que se habían hecho esas horas extra -ni siquiera que se había cumplido con la jornada ordinaria-. Y también se ha destapado que la mayor parte de los «complementos de productividad» abonados en el Servicio Aragonés de Salud no respondían realmente a una productividad contrastada, sino que se pagaron como salario fijo sin constatar que respondieran realmente a un especial rendimiento de quien lo percibe.

Para colmo, todos esos incumplimientos son reincidentes, porque ya se habían detectado en años anteriores, así que se teme que esos pagos anómalos se hayan podido prolongar también en años sucesivos. Son, en suma, «incumplimientos detectados en anteriores fiscalizaciones que siguen sin corregir en 2017», la última contabilidad del Gobierno aragonés que ha fiscalizado hasta la fecha la Cámara de Cuentas. En su informe, advierte que de ese tipo de anomalías ya se dio cuenta en las fiscalizaciones contables de 2015 y 2016. Hasta junio de 2015 gobernó en Aragón la coalición PP-PAR, que tras las elecciones fue relevada por el Ejecutivo regional PSOE-Chunta.

En 2017, el Gobierno de Aragón presidido por el socialista Javier Lambán se encontraba en el ecuador de una legislatura en la que promovió un significativo aumento de plantillas y mejoras salariales, tras criticar los recortes aplicados por el PP en el mandato precedente. Pero, ahora, la Cámara de Cuentas desvela que en 2017 se pagaron «complementos retributivos» que «no están amparados en normas de rango legal o reglamentario, como resulta preceptivo».

En vez de cumplir lo que exige la ley, el Gobierno aragonés hizo ese multimillonario reparto salarial a través de «simples acuerdos de mesas sectoriales, convenios, acuerdos del Gobierno de Aragón, resoluciones o instrucciones de los órganos directivos de la Administración o de los organismos autónomos», según indica la Cámara de Cuentas. Se trata, en suma, de acuerdos sin validez legal suficiente que, además, en algún caso se mantuvo de tapadillo. Por ejemplo, los 42 millones repartidos en complementos salariales a miles de profesores se llevó a cabo al amparo de un «acuerdo del Gobierno de Aragón no publicado».

En total, esos abonos irregulares de complementos sumaron en 2017 un total de 109 millones de euros. La Cámara de Cuentas ha desglosado con precisión los departamentos en los que se repartieron: 13 millones de euros en complementos a funcionarios de la Administración General de la Comunidad autónoma; 7 millones en un «complemento transitorio» pagado a funcionarios de la Administración de Justicia que dependen del Gobierno aragonés; 42 millones de euros en complementos específicos para el personal docente no universitario; y 49 millones de euros en otros complementos salariales abonados a personal de la Sanidad pública aragonesa.

Horas extras pagadas sin saber si se hicieron

Pero, además de esos 109 millones repartidos en complementos sin soporte legal reglado, hay más anomalías salariales que ha puesto en evidencia la Cámara de Cuentas. Es el caso de los cinco millones de euros que ese mismo año pagó el Servicio Aragonés de Salud entre el personal sanitario por «prolongación y exceso de jornada». Es decir, por horas extra más allá de la jornada ordinaria. El problema es que no había forma de controlar que, efectivamente, las horas extra que se pagaron se habían hecho realmente, porque «el Salud no tenía implantados en 2017 mecanismos de control horario para el personal sanitario», por lo que «no podía verificarse con las debidas garantías el cumplimiento de la jornada ordinario por los empleados ni, en consecuencia, el derecho a la percepción de los citados complementos salariales, y tampoco otros aspectos significativos como el ejercicio de actividades privadas por empelados que tuvieran reconocida la compatibilidad».

Es decir, se pagaron cinco millones de euros en complementos por «prolongación y exceso de jornada» pese a que no había un control fehaciente que garantizara siquiera que se cumplía con la jornada obligatoria de trabajo.

104 millones en «productividad» bajo sospecha

Además, la Cámara de Cuentas también ha censurado el abono de otros 104 millones de euros en complementos de productividad a trabajadores de la Sanidad pública aragonesa, porque tampoco en este caso se cumple lo que establece la ley.

«El complemento de productividad es una remuneración de carácter variable, que debe retribuir el especial rendimiento», recuerda la Cámara de Cuentas. Sin embargo, ha comprobado que «la mayor parte de ese complemento se percibió con carácter fijo» en 2017. Es decir, se pagó sin que quedara fehacientemente constatada la productividad. Según la Cámara de Cuentas, la irregularidad alcanza a la mayor parte de todos los complementos de productividad que se pagaron en el Servicio Aragonés de Salud en 2017, el último que se ha fiscalizado hasta el momento. De los 130 millones abonados por ese concepto, 104 se pagaron de forma irregular.

Según el informe de fiscalización, ese complemento de productividad está concemplado para premiar salarialmente el especial rendimiento en su jornada laboral ordinaria. Por ejemplo, que un médico tenga a su cargo un número especialmente elevado de pacientes, o que se contraste que rinde más en su respectiva especialidad. El problema es que la Cámara de Cuentas ha constatado que, en 2017, se abonaron esos 104 millones de forma fija y generalizada, sin haberse constatado y medido objetivamente el especial rendimiento que debe justificar el pago de dichos complementos.

Extensa plantilla autonómica

Las irregularidades detectadas en materia salarial son de envergadura, habida cuenta de la cantidad de efectivos que suma la Administración autonómica aragonesa y, en particular, lo que representa el Servicio Aragonés de la Salud, organismo en el que se ha detectado un especial número de incidencias salariales.

Como también advierte en su informe la Cámara de Cuentas, a 31 de diciembre de 2017 el Gobierno aragonés tenía a nómina a un total de 56.411 trabajadores, entre la Administración propiamente dicha y sus servicios, organismos y entes públicos. Suponían en ese momento el 10% del empleo total de Aragón.