España y Francia piden 150 millones a la UE para reabrir el histórico tren de Canfranc

Este viernes ha sido reabierto en el lado francés un nuevo tramo de esa histórica vía férrea, el comprendido entre las localidades de Olorón y Bedous. Son 25 kilómetros en los que Francia ha invertido 103 millones de euros en los dos últimos años, y que se suman a los 35 millones que ya se destinaron en su momento para reabrir el tramo anterior, el comprendido entre Pau y Olorón, que entró de nuevo en servicio en 2011.

El presidente aragonés, Javier Lambán (PSOE), participó este viernes en el viaje inaugural del tramo Olorón-Bedous, junto a su homólogo de Aquitania, Alain Rousset .

Lambán ha aprovechado para reclamar a los gobiernos español y francés que asuman este proyecto como obra de interés estratégico y que se implique la Unión Europea (UE), a la que se va a reclamar que asuma la mitad de la inversión necesaria para completar la reapertura de este histórico ferrocarril internacional.

El presidente aragonés ha indicado que ya están planeando con las autoridades de Aquitania una próxima visita a Bruselas para plantear esta reivindicación. El objetivo es que la UE se haga cargo de «entre el 40 y el 50%» de la inversión que hará falta para poner de nuevo en servicio los menos de 50 kilómetros que quedan para completar la reapertura de esta línea.

Aunque todavía hay que realizar proyecto actualizados para cuantificar con exactitud la inversión necesaria, se calcula que serán necesarios entre 300 y 350 millones de euros para la recuperación del tramo entre Olorón y la frontera española (32 kilómetros); y unos 50 millones más para recuperar el túnel ferroviario de Canfranc que atraviesa el Pirineo.

Mientras tanto, el Gobierno español ha programado una inversión de 80 millones de euros para este próximo cuatrienio, en este caso para modernizar el tramo español del ferrocarril que llega desde Zaragoza hasta Canfranc.

Lambán ha indicado que lo primero que hay que hacer es un estudio que «verifique que la línea es sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental», algo en lo que están convencidos tanto el Gobierno aragonés como las autoridades de Aquitania. En cualquier caso, ese estudio se pretende aportar como aval para recabar la pretendida financiación europea.