Antifraude de la UE investiga la fundación del caso Mediador al menos desde diciembre

De hecho, la investigación de la OLAF arrancó cuando el caso Mediador estaba bajo secreto y aún no había saltado a los medios, lo que no ocurriría hasta el pasado 14 de febrero, cuando se produjeron las detenciones, tras algo más de un año de pesquisas judicializadas a puerta cerrada.

Fuentes internas de la Fiiapp relatan a ABC que los inspectores de la OLAF se personaron el pasado diciembre en la sede de la fundación, en Madrid, y requisaron abundante documentación de proyectos que se financian con fondos de la Unión Europea. Según las fuentes consultadas, los inspectores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude «se llevaron copia de los buzones de correo electrónico de la directora, la secretaria general, directores de departamento y varios coordinadores de proyectos y técnicos».

No consta el origen de las pesquisas, pero las fuentes consultadas aseveran que existen «graves irregularidades desde hace años» en la compra de material y la contratación de servicios.

Tras la llamada de ABC, fuentes oficiales de la Fiiapp declinaron ayer pronunciarse al respecto. Se limitaron a expresar que la fundación «colabora con todos los requerimiento de información, sean judiciales, como se está haciendo en el caso Mediador, o de organismo fiscalizadores».

Por su parte, la Oficina de Prensa de la OLAF ha contestado a este diario que no están «en condiciones de responder» porque la oficina comunitaria de lucha contra la corrupción «no suele emitir comentarios sobre los casos que puede o no estar tratando, con el fin de proteger la confidencialidad de las posibles investigaciones y de los posibles procedimientos judiciales que se sigan, así como para garantizar el respeto a los datos personales y los derechos procesales».

Entre las competencias de la OLAF destaca la investigación del uso fraudulento de los fondos comunitarios, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas, además de elaborar la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea.

La Fiiapp es una fundación del sector público que se dedica a la cooperación internacional mediante la puesta en marcha de proyectos que se engloban en el marco de la Agenda 2030. La fundación tiene un equipo ejecutivo que rinde cuentas al patronato, presidido por el vicepresidente primero del Gobierno de turno, en este caso la vicepresidenta Nadia Calviño. Entre los vocales están los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -José Manuel Albares- y la de Justicia -Pilar Llop-, además de una veintena de altos cargos gubernamentales.

La fundación gestiona alrededor de 120 proyectos al año con una inversión media de 67 millones de euros anuales. Acumula un millar de proyectos en 114 países con una inversión de 400 millones de euros.

El nombre de la Fiiapp saltó a los medios por el caso Mediador. El general retirado Francisco Espinosa, el único detenido que permanece en prisión provisional, lideraba uno de los proyectos de esta fundación, el GAR-SI Sahel, que se dedica a «garantizar la seguridad y la estabilidad en los países del G-5 Sahel y Senegal, mejorar las capacidades operacionales, reforzar el control efectivo del territorio y extender la acción del Estado de Derecho», en palabras del propio general.

En el marco de ese proyecto, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife libró hace unas semanas un requerimiento de documentación a la Fiiapp sobre cuatro contratos detectados adjudicados a un empresario implicado en el caso Mediador y que se encuentran bajo sospecha, informan Isabel Vega y Adriana Cabezas.

Son cuatro expedientes de suministro de equipamiento para el proyecto GAR-SI Sahel en Mauritania, Níger, Malí y un envío a la base de Logroño adjudicados entre 2020 y 2021, los años en que se circunscribe la investigación sobre una trama de mordidas en la que el «mediador», Antonio Navarro Tacoronte, habría gestionado comisiones de empresarios a cargos públicos a cambio de influencia y, se sospecha, también adjudicaciones.

Son expedientes que suman un importe total de 2,35 millones de euros, pero los lotes bajo sospecha ascienden a 263.000 euros.