Víctimas de la violencia de género piden auxilio a la Junta por los daños de la ley del 'solo sí es sí'

Las fuentes consultadas por este periódico son muy pesimistas y creen que si no se produce pronto una rectificación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el número de mujeres que acudan en busca de asesoramiento aumentarán de forma paralela a los beneficiados por la ley de Montero. Por último, recuerdan que todas las personas que lo necesiten pueden llamar al teléfono de información a las mujeres, 900 200 999, que está activo las 24 horas, todos los días del año.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, explica a este periódico que «ya advertimos de las consecuencias que podía tener esta ley y desgraciadamente las estamos viendo. No son pocas las mujeres que están viviendo lo que justamente siempre queremos evitar, que es la revictimización; reproducirse otra vez el dolor, el resentimiento, el recordar la situación por la que han pasado». López, confirma que se están atendiendo con apoyo jurídico y psicológico a estas mujeres que «sienten miedo porque sus agresores se pueden ver beneficiados por esta ley», a la vez que recalca que «tienen todo el apoyo y que nuestro objetivo principal es apoyarlas y estar con ellas».

El número de condenados que se han visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'sólo sí es sí' asciende al menos a 53, entre revisiones de condena a la baja, 49, y sentencias posteriores en aplicación de la norma, cuatro. Un total de 13 personas han sido excarceladas. No hay en esta materia una contabilidad oficial y sólo se conocen los casos que trascienden a la Prensa.

La últimas rebajas han sido dictadas por la Audiencia de Cádiz, que disminuye las penas a cuatro condenados por delitos de violencia sexual al aplicar la nueva ley por ser más favorable a los reos; y por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ha rebajado de cinco años a cuatro años y seis meses la pena de cárcel para un condenado por abuso sexual a una menor. Anteayer se supo que la Audiencia de Sevilla había dejado en libertad a un condenado por agresión sexual a una mujer tras pedir una revisión de la pena, como recogió este periódico.

Estas rebajas se suman a otras dos que dictó la semana pasada el Tribunal Supremo, que había condenado a nueve años de cárcel —y no a 10— a dos exjugadores del 'caso Arandina' al aplicar la ley del 'solo sí es sí'. Los magistrados han elevado sus penas —desde los 4 y 3 años que había fijado el TSJ de Castilla y León— tras eliminar la atenuante que se había apreciado por la cercanía de edad y madurez entre condenados y víctima. En el fallo, el tribunal ha incidido en que la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual «podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda». Han matizado, sin embargo, que deberá hacerse «analizando caso por caso, y no de forma global». Esto contrasta con el criterio marcado por la Fiscalía General para que no se modificaran penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal, un criterio que evitaría una rebaja «automática» de condenas.

La nueva ley ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual.

El PP llevará a votación por tercera vez una iniciativa en la que pide al Gobierno una revisión, esta vez en el Congreso. En la misma sesión, Vox pedirá la reprobación de la ministra de Igualdad, Irene Montero. El principal partido de la oposición lo hace a través de una moción tras una interpelación realizada a la ministra de Justicia, Pilar Llop en la Cámara Baja.