Las víctimas de los inquilinos okupas cargan contra el Gobierno por su ley de vivienda: «Nos deja desamparados»

El responsable de la plataforma reprochó al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar que esgrima un «dato manipulado» que no muestra el verdadero alcance del problema de la inquiokupación que, según este colectivo, afecta a 82.000 propietarios. En concreto, se refirió a la estadística publicada por el Ministerio del Interior que contabiliza 16.426 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles en España durante 2024, de las que 2.207 se localizaron en Andalucía. «Se está utilizando el dato manipulado de que este problema solo afecta al 0,053% del parque de viviendas», señala, dejando de lado «el principal problema que es el de la inquiokupación que afecta cada vez a más personas».

«Los okupas cada vez están más asesorados y saben que el allanamiento les trae más problemas que la inquiokupación, con la que están mucho más protegidos por la administración, de manera que prefieren entrar en las viviendas con este sistema. Incluso corren por internet consejos sobre cómo llevar menores o firmar documentos ficticios de arrendamiento con terceras personas», detalló. «No somos un bulo», ha lamentado.

Desde la plataforma afearon a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no los ha recibido a pesar de haberle solicitado por escrito una reunión «todos los meses» desde su llegada la cargo en noviembre de 2023. «Nos sentimos totalmente desamparados por el Gobierno que en ningún momento se ha puesto del lado de los afectados por este grave problema» que ha experimentado un «crecimiento exponencial» en todo el país, ha alertado el portavoz del colectivo.

Arroyo matiza que muchos caseros están optando por soluciones extrajudiciales llegando a acuerdos económicos para pagar una cantidad a los okupas o encargando los desalojos a empresas de mediación. Ha recordado que, por ejemplo, en la estadística oficial no se incluyen casos como el de Blanca Rodríguez publicado por ABC, en alusión a la jubilada de Huelva que ha tenido que «abandonar su vivienda e irse a vivir de alquiler» por los problemas de insalubridad que generan sus vecinos okupas. Así, ha destacado que «no somos rentistas ni especuladores como ahora les ha dado por llamarnos algunos políticos», puesto que el 93% de los alquileres corresponden a pequeños propietarios y «el 50% son jubilados» que buscan así «compensar sus pensiones».

En su comparecencia, Arroyo se ha preguntado por qué las administraciones no están facilitando una alternativa habitacional a las familias vulnerables, incumpliendo su propio decreto. «¿Por qué se ha delegado esta obligación en los ciudadanos?», se cuestionó.

Desde la citada plataforma vinculan la crisis del mercado del alquiler y el aumento de los precios con la «falta de seguridad jurídica del propietario» y lamentan que muchas familias vulnerables estén siendo «mantenidas por terceros muchas veces también vulnerables». Mencionó el caso de Juan Carlos, al que el operador telefónico ha amenazado con cortarle el móvil por no pagar y ha tenido que pedir un micro préstamo de 100 euros para poder comprar pañales o leche. Presa de la desesperación, este propietario afectado ha asegurado que está dispuesto a «quemarse a la bonzo en la plaza» de su pueblo.