SANIDAD
La viceconsejera de Hacienda y dos exaltos cargos declaran hoy por los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)
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La comparecencia ante el juez se produce en plena crisis de los cribados y con la ofensiva del PSOE
La Audiencia de Sevilla rechaza el recurso de los gerentes del SAS y avala ampliar la investigación de los contratos de emergencia
Lo que le faltaba a la gestión sanitaria andaluza eran altos cargos desfilando por el juzgado, justo en el tramo final de un mes de noviembre marcado, como el de octubre, por la crisis de los cribados del cáncer de mama, que se ha ... llevado por delante a una consejera y puesto patas arriba al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga el supuesto abuso de contratos de emergencia por parte del ente de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones directas con motivo de la pandemia, ha citado a declarar hoy en calidad de testigos a la que fuera interventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, así como a dos ex altos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras. Se trata, en concreto, del exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, así como la exinterventora central del SAS Blanca Pons y su interventora adjunta, María Victoria López.
El juez tumba la maniobra del PSOE para dilatar el caso de los contratos del SAS y suspender las declaraciones
El instructor de los encargos de emergencia no ve razón para aplazar las citaciones de los testigos, como pedían los socialistas, hasta que la Policía requisara documentos en sedes de la agencia de la Junta de Andalucía
El magistrado José Antonio Gómez Díez, titular del Juzgado de Instrucción número 13, ha citado a la actual directora-gerente del SAS, Valle García Sánchez, y a sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega, para que declaren en calidad de investigados el próximo 25 de noviembre. Los tres están investigados por prorrogar contratos sin publicidad ni libre concurrencia con entidades privadas cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones bajo el paraguas de la pandemia.
La postura de la Junta de Andalucía ha sido clara en relación a los contratos de emergencia desde el principio. La propia directora-gerente del Servicio Andaluz de Salud declaró a este periódico este mes de marzo que «los contratos de emergencia surgen como una necesidad para dar respuesta a un momento concreto, a una situación crítica que vivimos», al tiempo que insistía en que la colaboración de la Administración autonómica con el juzgado era «plena» para aclara la situación.
«Posibles irregularidades»
El origen del caso es está en la denuncia presentada en Sevilla por una treintena de parlamentarios del PSOE-A contra los dos citados exgerentes del SAS «por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023».
Hay que recordar que el PSOE-A y Podemos, personados como acusaciones populares en este caso, solicitaron a principios de este mes de noviembre la suspensión de estas declaraciones hasta en tanto por parte de la Junta no se remitiera la «documentación solicitada» por el PSOE, al entender que la remitida por el Servicio Andaluz de Salud hasta ese momento era «insuficiente», si bien el juez acordó al día siguiente que dicha petición que no había lugar para la suspensión de las citaciones.
Un momento complicado
La comparecencia de los altos y exaltos cargos del SAS de esta semana y de la próxima se produce en un clima de máxima tensión en la sanidad andaluza. El nuevo consejero del ramo, Antonio Sanz, se ha comprometido a que a finales de este mes, justo en estos días, esté acabada la actualización de las pruebas pendientes en los casos de diagnóstico de cáncer de mama dudosos. Desde que estalló el caso, la Junta se fijó como meta hacer 2.317 pruebas, de las que quedan pendientes poco más de cien.
Acerca de la testificación de los altos cargos en el juzgado, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, insistió ayer en que «hay muy serias sospechas» de que «presuntamente con el dinero de todos, que tenía que servir para salvar la vida de los andaluces, han hecho lo que les ha dado la gana, han forrado los bolsillos de sus amigos de las clínicas y de los hospitales privados en Andalucía, dando dinero a dedo y sin control, troceando contratos»,
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