El juez tumba la maniobra del PSOE para dilatar el caso de los contratos del SAS y rechaza suspender las declaraciones

En una escueta providencia dictada este martes 4 de noviembre, a la que ha accedido ABC, el juez de Instrucción número 14 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, da traslado al Ministerio Fiscal y al resto de las partes de la solicitud presentada por el Grupo Socialista para que se pronuncien en el plazo de tres días.

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Antonio R. Vega

No obstante, el magistrado advierte al PSOE de que «no ha lugar a la suspensión interesada al no apreciarse razones para ello, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el resto de peticiones» una vez recibidas las alegaciones. Una de las testigos citadas es la actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Amelia Martínez, que fue interventora general de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022.

El Grupo Socialista, que presentó la querella contra el SAS y ejerce la acusación popular, pretextaba que había «documentación pendiente de recibirse que resulta imprescindible para la preparación de los interrogatorios». En concreto, reclamaba al magistrado que ordenara a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial o a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se personase en la sede de los Servicios Centrales del SAS en Sevilla y «demás sedes si fuere necesario», para que «incauten» la totalidad de los expedientes de contratación investigados en cualquier formato existente (digital o papel).

En su escrito presentado el 29 de octubre pasado, el abogado Alfonso Tiburcio Martínez del Hoyo (del bufete Constitución 23) proponía recabar «cualquier documentación relacionada con los mismos y todo cuanto exista en cualquier formato: expedientes, facturas, certificados, comunicaciones, correos electrónicos, en relación con todos y cada uno de los prestadores de servicios y proveedores, previa autorización judicial para poder entrar en las dependencias del SAS y acceder a cuantos ordenadores y servidores informáticos sea necesario para la obtención de las debidas evidencias documentales». Esta acusación alegaba que se había producido una «presunta mutilación de la documentación contractual por valor de más de 53 millones de euros» y que se habrían eliminado expedientes relativos a derivaciones irregulares de pacientes a clínicas privadas.

Desde el SAS negaron de forma tajante esta supuesta alteración de pruebas y señalaron que decir que faltan datos de un gasto de 53 millones de euros «solo muestra el desconocimiento o el intento de manipulación sobre el que el PSOE ha basado su denuncia». «Una cosa es lo que se podía haber gastado (242 millones) y otra lo que finalmente fue necesario contratar (189 millones)», precisaron las fuentes de la agencia autonómica.