El Tribunal Constitucional estudiará el recurso de Andalucía y otras Comunidades contra el reparto de menores migrantes

En concreto, los recursos se dirigen contra el real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Los demandantes alegan en sus recursos de inconstitucionalidad, según ha informado el TC, que la norma podría vulnerar, entre otros, los artículos 81 y 86 de la Constitución, así como ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias e infringir el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas (artículo 156 de la Constitución).

Cabe recordar que el propio TC ya admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra este mismo Real Decreto-ley promovidos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de abril, y por el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Cantabria y la Junta de Extremadura el 27 de mayo, además de la Región de Murcia.

El Consejo de Gobierno andaluz acordó en su reunión del pasado 11 de junio autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad contra el referido Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, alegando que se ha producido con él por parte del Gobierno central una «invasión de competencias».

Así lo explicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a dicha reunión del Consejo, en la que también afeó al Gobierno central «falta de recursos económicos» para que la comunidad autónoma se haga cargo de los menores que se le asignen en este reparto, de ahí también que el Ejecutivo andaluz decidiera recurrir dicho decreto al Tribunal Constitucional «apelando al artículo 86.1 de la Constitución y al artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía».

La portavoz de la Junta criticó que el Gobierno decidió dicho reparto de menores «sin diálogo y sin negociación» con las comunidades autónomas, que «al final somos las verdaderamente afectadas», según remarcó.

La consejera señaló que «Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen», apostilló.

En esa línea, la portavoz de la Junta alegó que «hay falta de recursos económicos» e «invasión de competencias» por parte del Gobierno, y «por eso» el Ejecutivo andaluz había decidido recurrir dicho decreto al Tribunal Constitucional «apelando al artículo 86.1 de la Constitución y al artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía».