El TSJA libra a Ojeda de devolver una subvención de 938.000 euros

El tribunal exime del pago al empresario y antiguo político, que recibió 33 millones de euros en subvenciones excepcionales de la Junta de Andalucía para formar y pagar nónimas a los 1.904 trabajadores despedidos por la multinacional Delphi, asentada en Cádiz, tras el cierre de la fábrica de automoción en 2007.

La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo dictó una resolución el 25 de enero de 2019 por la que resolvía un recurso de reposición previo y acordaba la procedencia del reintegro de la ayuda que, con los intereses, se eleva a 1,2 millones.

El exconsejero recurrió la resolución y el tribunal le ha vuelto a dar la razón. Ángel Ojeda ya interpuso un recurso contencioso-administrativo y la sala lo estimó porque consideró que la resolución autonómica no estaba suficientemente motivada.

En 2011, el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz certificó que el 95,16% de la subvención se había aplicado a los fines previstos. Pero en 2015, la administración exigió el reintegro íntegro de la ayuda. El tribunal dictó una sentencia en 2016 que declaraba caducado el expediente administrativo . La Junta abrió un nuevo expediente en diciembre de 2017. La Administración autonómica negaba la prescripción del reintegro alegando que la apertura de diligencias penales por parte de la juez instructora del caso ERE y Formación, Mercedes Alaya, interrumpió los plazos en 2014, a raíz de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil iniciara la investigación de las ayudas concedidas a Ojeda para el dispositivo de Delphi.

El demandante, en cambio, defendía que el expediente estaba caducado porque habían pasado más de cuatro años (el plazo legal de prescripción) desde el último día de plazo para presentar la justificación de la ayuda.

El TSJA le da la razón. Entiende que «existe prescripción» porque «no ha existido actuación penal alguna referida a la [asociación] demandante, ni por tanto, con su conocimiento formal, en el plazo que va desde el 24 de abril de 2011 ( final del plazo de justificación) a 2015», cuando se cumplen los cuatro años . El plazo de prescripción «había llegado a su fin en abril de 2015», sostiene la sentencia.

La sala condena a la Junta de Andalucía a pagar las costas judiciales con un límite máximo de mil euros. Contra esta resolución cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El exconsejero, que sigue estando investigado en la vía penal, ha ganado una treintena de sentencias en el plano contencioso-administrativo de un total de 60 pleitos. El importe total de todas ellas supera los 4,5 millones de euros.