El caso de la formación en Delphi salpica a otras fundaciones

En un auto del 14 de noviembre pasado, la Sección Primera de la Audiencia estima parcialmente un recurso presentado por la acusación popular ejercida por el PP andaluz y rectifica una decisión de la juez instructora del caso Formación, María Núñez Bolaños, que había circunscrito las pesquisas al entramado de empresas creado por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, investigado por la presunta «apropiación fraudulenta» de parte de los 33,3 millones.

La magistrada rechazó mediante otro auto el 27 de marzo pasado la petición de la acusación popular para que los agentes policiales ratificaran el atestado entregado al juzgado en el que desgranaban irregularidades cometidas por otras entidades que recibieron un trozo del pastel de los 106 millones de euros gastados por la Administración en el denominado «dispositivo de tratamiento singular» de Delphi, como bautizó el plan firmado con los sindicatos en 2007 para facilitarles una salida laboral a los 1.904 trabajadores afectados por el cierre de la factoría.

La Audiencia ha enmendado en parte a la juez, que está de baja médica desde el 3 de septiembre, coincidiendo con la inspección que le ha abierto el Poder Judicial por «paralizar» tres macrocausas que afectan a la Junta en la etapa socialista, entre ellos el caso ERE. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu y Roberto Álvarez ratificaron en el juzgado que el Gobierno socialista ideó un sistema de subvenciones directas y excepcionales, «incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta» con el único fin de «dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría».

Esgrimiendo el informe de los peritos, el PP solicitó a la juez que investigara la totalidad de las subvenciones concedidas al ser destinadas «a la contratación simulada de los antiguos trabajadores de Delphi por medio de la realización de unos cursos de formación que requerían su contratación y alta en la Seguridad Social sin que existiese una verdadera prestación de servicios en el seno de tales entidades».

La Audiencia señala que, sin llegar a la magnitud de las irregularidades detectadas en el entramado de Ojeda, hay indicios de «gruesas infracciones administrativas» cometidas por Fueca y Forja XXI, esta última dirigida por Juan José Ruiz Márquez , cuñado del exconsejero y ex número dos del PSOE andaluz Luis Pizarro.

Los inspectores declararon que Fueca había subcontratado indebidamente, «pero no se indaga más allá». En cuanto a Forja XXI, «las afirmaciones son más graves». «No pueden los peritos afirmar que se dieran o no se dieran los cursos , se dice que esta entidad no remitió los contratos de prestación de servicios» y tampoco «se documenta la asistencia de los alumnos» a los mismos. Los magistrados concluyen que «tales datos son suficientes para motivar una continuación de la investigación a su respecto, dada la obligación incondicionada de las autoridades judiciales de esclarecer los indicios de delito».