El Supremo se da de tope hasta agosto para su sentencia del caso ERE de Andalucía, pero la tendrá lista antes

La Sala de lo Penal del Supremo lo justifica por «la complejidad de la causa, teniendo en cuenta el número de recurrentes y los motivos formulados». El auto se ha hecho público después de las elecciones andaluzas del domingo 19 de junio.

La ampliación del plazo es una formalidad. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, en su artículo 899, que los magistrados deben resolver los recursos «dentro de los diez días siguientes» a la vista pública del caso ERE en el Supremo, que se celebró los días 4 y 5 de mayo pasados. Esta limitación es una garantía para que la resolución de los procesos no se prolongue sine die. En dicha audiencia, las defensas, la Fiscalía y la acusación popular del PP andaluz resumieron sus principales argumentos en contra y a favor de la ratificación de sentencia sobre la llamada pieza del procedimiento específico de ayudas irregulares de la macrocausa penal de los ERE. Están condenados –aunque sin sentencia firme– los presidentes que gobernaron la Junta de Andalucía durante casi cinco lustros, Manuel Chaves y José Antonio Griñán , ambos expresidentes del PSOE federal, y seis exconsejeros, entre otros, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla, notificada en noviembre de 2019, consideró que todos ellos crearon un sistema opaco e «ilegal» de ayudas a empresas en crisis que causó un «desvío importante» de dinero público: 680 millones de euros que se repartieron con una «falta absoluta de control». Las subvenciones no se publicaban en ningún boletín oficial. Tampoco había bases reguladoras, ni procedimiento, ni nada que se le pareciera.

Los cinco magistrados que analizan la citada sentencia de 1.821 páginas y deben decidir sobre las peticiones la absolución de los exresponsables políticos, han considerado necesario acordar una ampliación del plazo para dictar su resolución y prorrogan el periodo ordinario de diez días establecido en la ley a 60 días hábiles a partir de 23 de mayo.

Antes de celebrarse dicha vista pública a petición de las defensas de los acusados, el magistrado ponente, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, avanzó a los abogados de que tenía un «proyecto de la sentencia» sobre el que decidirán los cinco magistrados que componen el tribunal.

Para algunas defensas, la prórroga representa una señal de que los argumentos esgrimidos en la vista han podido hacerle cambiar el sentido de su resolución . Otras partes consultadas, en cambio, opinan que el plazo legal de diez días era muy limitado para un asunto de tanta trascendencia.

Griñán se enfrenta a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación porque como consejero de Hacienda (2004-2009), según la sentencia, fue destinatario de los informes de la Intervención de la Junta cuestionando el sistema de ayudas, pero no hizo nada para evitar las irregularidades. A Chaves le impusieron nueve años de inhabilitación por prevaricar. Ambos han pedido su absolución y alegan que fueron condenados por los «prejuicios» que han rodeado el caso y por «meras presunciones» . El abogado de Griñán niega que éste actuara con pasividad.

La Fiscalía del Supremo, en cambio, pidió la confirmación de la sentencia. Señaló en la vista que « desde sus puestos estratégicos conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos », proclamaron los fiscales. «Todo el sistema era prevaricador» y «cada uno de ellos colabora para la consecución del fin último», añadieron. El Supremo despejará la incógnita en los próximos días y todo apunta a que será «más pronto que tarde».