El testimonio «explosivo» de los ex altos cargos de Empleo en el juicio de los ERE

El primero en declarar fue Rafael José Ángel Silva , ex coordinador de la Consejería de Empleo, que confirmó las irregularidades detectadas en 2011 tras el estallido del escándalo y aseguró que eran expedientes diferentes. No eran tramitadas por funcionarios sino por personal contratado y eran «actos graciables» que valoraban la difícil situación del colectivo beneficiario y su empleabilidad.

El testigo reconoció que encontraron beneficiarios de pólizas heredadas de prejubilados fallecidos y prejubilados que trabajaban por cuenta ajena y recibían estas ayudas . Ademas puso de manifiesto un cúmulo de irregularidades como la falta de solicitudes y el hecho de que sólo desde 2008 había control posterior. En este sentido, recalcó que los expedientes no tenían fiscalización previa y no había seguimiento para que cumplieran los requisitos ni se publicaban en el BOJA.

De hecho, según su testimonio, la Cámara de Cuentas detectó más intrusos aparte de los que se habían encontrado en la investigación en la Faja Pirítica de Huelva . Descubrieron 77 intrusos y otros 111 con irregularidades administrativas: es decir, 181 entre casi 6.000 trabajadores.

Posteriormente compareció el que fuera director general de Trabajo entre abril de 2010 y junio de 2012, Daniel Alberto Rivera , que declaró como testigo, aunque está investigado en otras piezas de los ERE por lo que rechazó contestar a algunas preguntas.

Rivera admitió que durante un fin de semana de noviembre decidieron revisar los expedientes. Primero los de Mercasevilla y finalmente el resto. Sin embargo, negó que ese fin de semana se destruyeran expedientes como había denunciado el propio exdirector de Trabajo,Francisco Javier Guerrero, y la asesora María José Rofa. «Eso son imaginaciones», dijo.

Además, negó que hubiera «algo extraño» aunque admitió que le dijeron que se habían adquirido «algunos compromisos» y que iban a su despacho de la Junta a visitarles numerosos colectivos en situaciones complicadas, algunos de los cuales llevaban meses sin cobrar. Cuando el llegó a la Dirección General fue poniendo «parches» en algunos de esos conflictos.También admitió que en la etapa de su antecesor, Juan Márquez , las ayudas no estaban fiscalizadas y que se descubrió una «realidad escondida» y una «dinámica perversa» que se había perpetuado como algo normal. Una situación «explosiva» que provocó que dejaran de dar ayudas. Según dijo, la situación cambió «a partir de que se descubren determinadas cosas».

Justo Mañas , viceconsejero de Empleo entre 2010 y 2012 y también eximputado, admitió que en noviembre de 2010 tras el estallido del escándalo el entonces consejero Manuel Recio ordenó revisar los expedientes para ver «cómo abordar la bomba que había estallado» e intentando aclarar lo que había ocurrido y qué «había detrás».

En un primer momento decidieron examinar el asunto de Mercasevilla y posteriormente analizar todos los expedientes de las ayudas sociolaborales. Porque les pareció razonable mejorar el sistema de concesión. El consejero le pidió que pusieran en pie un mecanismo «más reglado» e incluso mantuvieron reuniones con las aseguradoras para tratar de mantener el mecanismo de pago.

El testigo también dijo que, cuando tuvieron conocimiento de las comisiones, mantuvieron una reunión con las aseguradoras para decirles que se parara el pago aunque estas compañías no reconocieron en primer momento esas comisiones. Luego les enviaron un informe donde se reconocían «porcentajes de dos cifras».

Por la tarde comparecieron otros dos exaltos cargos que habían sido imputados en y posteriormente exculpados. Gonzalo Suárez , ex viceconsejero de Innovación , dijo que desconocía las ayudas que concedía Empleo y pagaba la agencia IDEA hasta su imputación.

Antonio Valverde , ex director de IDEA, admitió el papel de «caja pagadora» como ente instrumental de la Junta que estaba «obligada» a aceptar las tareas que le encomendaban. Valverde negó haber recibido advertencia de ilegalidad en el uso de las transferencias de financiación. Pero también admitió que las ayudas superiores a 450.000 no pasaron por el Consejo Rector de IDEA ni las mayores de 1.200.000 euros por el Consejo de Gobierno.